(Ilustración: Víctor Aguilar)
(Ilustración: Víctor Aguilar)
Enzo Defilippi

Dicen que cuando se juntan dos economistas hay por lo menos tres opiniones sobre un mismo tema. Por eso, siempre sospecho cuando no hay voluntad para hacer algo sobre lo que existe consenso. Ese es el caso de las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac) y de la evidente resistencia de la mayoría de congresistas a que sean supervisadas.

No estamos hablando de un negocio pequeño. En el Perú, hay 671 Coopac identificadas, de las cuales solo el 23% envía información a la Fenacrep, la federación de cooperativas encargada de supervisarlas (pero que no tiene la independencia ni las herramientas legales para hacerlo). Pero ese 23% representa 1,7 millones de cooperativistas y más de S/9.000 millones de depósitos.

Son varias las razones por las cuales el Estado regula y supervisa las entidades financieras. La primera, porque, a diferencia de otros negocios, el pánico generado por la quiebra de un banco o una Coopac puede quebrar todo el sistema financiero (y eso tendría consecuencias nefastas sobre la economía). La segunda, porque pueden servir para lavar dinero del narcotráfico, terrorismo u otra actividad ilegal. Más aun en un país como el Perú, productor de coca, con historia de terrorismo y con una gran economía informal. La tercera porque la regulación permitiría acceder a un seguro de depósito a quienes confían sus ahorros a estas entidades. Eso mitiga el riesgo de perderlos e incentiva su uso productivo.

¿Por qué, entonces, la resistencia a encargarle a la SBS la supervisión de las Coopac, como recomiendan todos los especialistas (y hasta el FMI)? Más aun, cuando se sospecha de una vinculación entre algunas de ellas y el narcotráfico. No puede ser casualidad que en el Vraem, donde florece este negocio, haya más cooperativas que en todo Brasil.

Aquí no estamos hablando de dueños de universidades malas que usan su influencia política para evitar ser reguladas (lo cual ya es tremendamente criticable). Estamos hablando de algo mucho peor, de delincuentes usando la misma estrategia para evitar que la ley alcance sus lavanderías de dinero. Y de algunos congresistas, que involuntariamente o no, están jugando para ellos.

Lo más triste es que, por no querer combatir la infiltración de delincuentes, estamos permitiendo que se meta en un mismo saco a todas las cooperativas, inclusive a las agrarias o de servicios especiales. Y eso no es justo ni correcto. Existen en el Perú Coopac exitosas que han llegado muy lejos (ser más grandes que algunos bancos, por ejemplo) trabajando ardua y honestamente; y que seguramente no tendrían problemas en someterse a una supervisión. En otros países (Colombia, por ejemplo) hay cooperativas tan grandes que funcionan como una corporación.

Yo no he escuchado un solo argumento razonable para oponerse a que la SBS supervise a las Coopac. El único que se ha esgrimido, que se trata de una estrategia de los bancos para quebrarlas, es una tontería difícil de creer. Que no haya un argumento mejor revela que se trata de excusas. Y que se pongan excusas solo sirve para generar más sospechas.

Dicen que otorongo no come otorongo. Con esto, además de lo que no comen, estamos viendo para quién juegan. Y no es precisamente para el Perú.