Una cosa es con guitarra..., por Franco Giuffra

Es fácil vaticinar que cuando se escriba la historia de la demagogia en el Perú, será unánime la aprobación del personaje que habrá de merecer la carátula, la contracarátula y el póster a todo color de las páginas centrales. Ahora que la desafortunada revolución contra la ‘ley pulpín’ ha amainado, es oportuno dedicar unas líneas a recordar cómo en este tema, y en muchos otros, semejante designación será un justo reconocimiento a los principios indesmayables de don Alan García.

La idea de reducir costos laborales para incrementar el empleo y revertir la informalidad no es reciente. En el 2003, don Alejandro Toledo promulgó la Ley 28015 para promover y formalizar a las micro y pequeñas empresas. Con ella se creó un régimen laboral especial para microempresas (de uno a diez trabajadores) que, entre otras cosas, establecía vacaciones de 15 días, eliminaba la CTS y reducía los montos de la indemnización por despido. Era un esquema temporal que debía durar cinco años.

En el reglamento de esa norma (Decreto Supremo 009-2003/TR) se dispuso que las pequeñas empresas (hasta 50 empleados) debían continuar con el régimen laboral común de la actividad privada. Una ley posterior durante el gobierno de Toledo (Ley 28851, del 2006) extendió a diez años el novísimo régimen laboral.

La cosa siguió pareja hasta que, en junio del 2008, el defensor mayestático de las causas populares, ya en su segundo gobierno, promulgó el Decreto Legislativo 1086. No hablamos de una ley impuesta por el Congreso, ojo, sino de una norma emitida por el Ejecutivo al amparo de facultades delegadas.

¿Qué firmó en esa norma el paladín de la justicia social el 26 de junio de dicho año? ¿La abolición total de los recortes de derechos establecidos por su predecesor? Todo lo contrario, en realidad. Su Ley de la Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente trajo mucho más que un título previsiblemente gongorino.

Para comenzar, extendió el régimen especial de las micro a las pequeñas empresas y dispuso que los trabajadores de las pequeñas tendrían ahora el CTS recortado al 50%. Ratificó la reducción de vacaciones a 15 días y, haciendo palidecer a los seguidores de Milton Friedman y de la lógica, dispuso que, en el caso de las microempresas, el Consejo Nacional del Trabajo podría establecer salarios por debajo de la remuneración mínima vital (artículo 7 del Decreto Legislativo 1086).

Antes de terminar esa batalla en favor de los derechos del proletariado, don Alan se dio el tiempo para promulgar noventa días más tarde un texto único ordenado (el Decreto Supremo 007-2008) que organizaba toda la legislación de los últimos años sobre la materia. Para cerrar su faena, dispuso allí que el régimen especial ya no sería temporal, sino permanente, y que la participación en las utilidades aplicaría exclusivamente a las pequeñas, pero no a las microempresas.

Si uno revisa la estadística del INEI y comprueba que el 99,2% de las empresas en el Perú son micro o pequeñas y que ellas dan empleo al 80% de los trabajadores de la PEA ocupada, no le tomará mucho tiempo concluir el alcance de las reformas que impulsó en su momento García y lo absolutamente conveniente de sus recientes posturas políticas en materia laboral. Vale decir, hablamos de un peruano íntegro, fiel a sus principios y enamorado de la verdad.