Los costos del delito en el Perú, por Iván Alonso

Mucho nos preocupamos por la inseguridad que reina en las calles, pero en un supermercado de Miraflores un frasco de champú de 19 soles se exhibe con un dispositivo de seguridad que solamente puede ser retirado en caja. Y en los baños de los restaurantes de San Isidro no es extraño toparse con una abrazadera de fierro para asegurar la tapa del tanque del inodoro. Choros y choras elegantísimos, vestidos con ropas traídas de sus últimos viajes al exterior, que tienen a sus hijos en los mejores colegios y veranean en las playas más cotizadas. Son pocos, pero son.

Los economistas y abogados que han llevado cursos de análisis económico del derecho conocen bien la teoría de nuestro admirado Gary Becker sobre la racionalidad de la conducta criminal; y en múltiples ocasiones la han expuesto en los medios. Becker postula que un delincuente en potencia sopesa los costos y beneficios del delito que está a punto de cometer. Quizá no lo haga expresamente, pero quien actúa, como se dice, con premeditación y alevosía los tomará en cuenta de una forma u otra. La ficción de un cálculo racional puede ayudarnos a entender sus motivaciones y ojalá también a encontrar la mejor manera de disuadirlo.

Supongamos que la pena por robar un frasco de champú sea una multa de 100 soles. Pero para que al ladrón le pongan la multa primero tienen que descubrirlo; y si lo descubren, tienen que atraparlo; y si lo atrapan, tienen que llevarlo a la comisaría y de la comisaría al juzgado; y convencer al juez de que es culpable. De repente –piensa el choro– solo uno de cada seis es castigado, lo que equivale a una probabilidad de 17%. El costo del robo es el valor esperado de la pena, o sea, 17 soles: el monto de la multa multiplicado por su probabilidad. El beneficio son los 19 soles que se deja de pagar por el champú. La pena no resulta suficientemente disuasiva.

En este tipo de razonamiento se basan las propuestas para endurecer las penas. El costo de delinquir aumenta cuando las multas son más altas o las condenas más largas. Sin embargo, el endurecimiento de las penas no parece haber tenido ningún efecto en la reducción del crimen. Al contrario. Pero no será este economista el que niegue que un aumento del costo de delinquir reducirá la cantidad de delitos cometidos. Lo que necesitamos es una visión más amplia del costo del delito.

Las multas y la cárcel son solamente una parte de ese costo; y quién sabe no la más grande, por lo mismo que son inciertas. Otra parte es el costo monetario de perpetrar el delito. No podemos generalizar, pero claramente algunos de sus componentes han bajado gracias a “innovaciones” tales como el alquiler de armas, que es más barato que comprarlas. Pero la parte más importante, sin duda, es el costo puramente subjetivo de transgredir ciertas normas de conducta, que varía de persona en persona y hace que algunas sean más proclives que otras a ceder a la tentación del delito.

Es esta última clase de costos la que parecería haber caído dramáticamente en años recientes. No es que todos seamos delincuentes, pero el relajamiento de las restricciones morales que cada uno siente en su interior, sobre todo contra transgresiones de menor gravedad, es un fenómeno lamentablemente bastante extendido. Las páginas policiales y los noticieros de televisión nos muestran solamente los casos patológicos.