Deforma electoral, por Arturo Maldonado

La reforma electoral está en la agenda del Congreso. Actualmente se están discutiendo propuestas como el regreso a la bicameralidad, la reelección de autoridades, el voto preferencial, el financiamiento de los partidos políticos, su democracia interna, entre otros.

Sobre qué combinación de reglas es la mejor podemos decir que hay tantas como los hay políticos, politólogos o analistas políticos. Cada uno presenta evidencia a favor de su combo o en contra de otra combinación. El sustento va desde argumentos normativos, evidencia anecdótica de otros países o, en el mejor de los casos, sistematización de experiencias múltiples. 

Muchas veces hay conclusiones a favor y en contra para cada propuesta. Esto es sintomático de lo limitado de nuestro conocimiento acerca de los efectos prácticos del cambio de las reglas de juego.

La intención de los proponentes es que la implementación de nuevas reglas genere el efecto teórico deseado. Lamentablemente, a pesar de las buenas intenciones, las nuevas reglas a menudo traen efectos negativos no planeados. La introducción de la revocatoria, por ejemplo, tuvo muchas consecuencias negativas que no se previeron (y que quizá no se podían prever). En manos de personajes como Marco Tulio Gutiérrez, este cambio terminó deformando la reforma.

Los cambios en los mecanismos de democracia interna de los partidos son otra expresión de buenas intenciones que pueden empedrar el infierno electoral. La idea de fondo es que mayor participación ciudadana permitiría que los partidos sean más representativos de la población y, por ende, se recupere la confianza en estas instituciones. La ONPE propone elecciones de candidatos simultáneas para puestos de elección popular, incluyendo presidentes regionales y alcaldes. Se plantea que los organismos electorales intervengan en los procesos y se aumenten los requisitos en las declaraciones juradas de los postulantes.

Esto colisiona, sin embargo, con lo que se observa en la realidad. Se reconoce que la implementación de este tipo de medidas ha traído un recambio generacional parcial de las élites partidarias, pero ha venido acompañado de un aumento de lucha intrapartidaria que puede derivar en fragmentación y división. Sin ir muy lejos, el Frente Amplio estuvo cerca de quebrarse como resultado de una pugna entre dos liderazgos. Así podría pasar con otras agrupaciones políticas.

De otro lado, la idea implícita es que los partidos siguen siendo esas organizaciones de masas, cuyos partidarios son los garantes de la representatividad de los candidatos. No se considera que hace tiempo los partidos son maquinarias electorales al servicio de caudillos y que los partidarios casi han desaparecido y dado paso a las portátiles.

Por eso mayor democracia interna no necesariamente implica una mejor representación. En otras partes del mundo se encuentra paradójicamente que partidos en los que las élites partidarias deciden la nominación de sus candidatos suelen mostrar mejores grados de representación que partidos con procedimientos más inclusivos. Es decir, existe evidencia en contra de los supuestos beneficios de la apertura en la selección de candidatos.

Como en el caso de la revocatoria o de la democracia interna, las consecuencias no deseadas de otros cambios en las reglas de juego también existen. Es más, las reformas siempre chocan con reticencias entre aquellos beneficiados con el statu quo y pueden ser mutiladas de acuerdo a los intereses de aquellos políticos que calculan se pueden beneficiar con los cambios. Es decir, una reforma integral puede ser tasajeada a medida, lo que introduce más ruido en la decisión técnica. 

Los reformólogos no solo deben dar cuenta de los efectos teóricos esperados, sino también asumir que existen potenciales efectos perniciosos de cada cambio. Los expertos deben garantizar la posibilidad de reajuste de las reformas, una vez establecidas nuevas reglas de juego. Así deformaciones de reformas no se vuelven statu quo.