La ‘derecha’ bamba de PPK, por Franco Giuffra
La ‘derecha’ bamba de PPK, por Franco Giuffra
Franco Giuffra

Si alguien esperaba encontrar en el plan de Peruanos por el Kambio (PPK) el recetario acabado de la ‘derecha peruana’, mejor busque en otro lado. Va a tener dificultad de encontrar allí una defensa cerrada de la economía de mercado, la reducción del Estado inoperante y el impulso del sector privado. 

Una alerta temprana fue la posición reciente de su fundador respecto del famoso SNIP. Hay que decirle chau, declaró. Una mutación respecto de su pensamiento anterior, cuando escribió, por ejemplo: “Para evitar estos despilfarros se creó el SNIP. Es absolutamente esencial mantener este control previo [...] El SNIP, lo quieran o no los políticos, es una parte esencial...” (“Perú por venir”, Aguilar, 2010).

Luego está el asunto de la reforma laboral y la reducción de la informalidad. Sobre este tema, el candidato de PPK se ha pronunciado hace años en contra de los costos laborales, como las altas indemnizaciones por despido y el exceso de regulación. Pero el plan de gobierno es sumamente tímido y solo propone cambiar la CTS por un seguro de desempleo y establecer incentivos tributarios. Nada más.

Pero lo que más sorprende del plan es la profusión de nuevas entidades y programas públicos. Una colección de propuestas para agrandar el Estado, crear más burocracia y enredar aun más la telaraña institucional.

Ojalá solo fueran las recientes ideas sobre los ministerios de juventud y turismo. En la página 141 se habla también de un ministerio de infraestructura (que luego no se vuelve a mencionar), además del polémico ministerio de apoyo a las regiones que seguramente será un enredo cuando se enfrente a las direcciones regionales de los 19 ministerios que ya tenemos.

Luego hay nuevos entes para todo. Un observatorio judicial, muy similar al Consejo Nacional de la Magistratura, y una procuraduría general de la República. Una oficina encargada del cumplimiento del análisis del impacto regulatorio; un centro de gobierno, adscrito a la presidencia; y una autoridad nacional para la transparencia y acceso a la información.

Faltan más, como el banco de fomento minero, la comisión nacional de cultura, la entidad autónoma de planeamiento urbano y gestión de suelos de Lima Metropolitana, el sistema nacional de prevención y solución pacífica de conflictos sociales, el organismo nacional de gestión de riesgos de desastres, una cosa que se llamará Serviagro (para impulsar la “revolución de la productividad” agraria) y otros varios entes que se sumarían a la constelación de 150 entidades públicas que hoy componen el organigrama estatal.

Y luego los programas con los que se transmite esa misma vocación para poner el énfasis de las iniciativas de desarrollo en manos estatales. Por ejemplo, De Vuelta a la Cancha, para la reinserción laboral de la gente mayor; Perú Ponte a Leer, para fomentar la lectura; Oro Limpio, para apoyar a la pequeña minería; Perú Produce Limpio, para apoyar la producción con parámetros de responsabilidad ambiental y social; y el programa Sierra Azul, para hacer represas y microrreservorios.

Es decir, un bufet completísimo de nueva burocracia, gasto y regulación. Muy difícilmente lo que propondría un defensor del mercado y la libertad. Tal vez el candidato se ablandó con los años o ha preferido descafeinar sus ideas para ganar la elección. Ojalá le funcione. Si se trata de relajar el control del gasto público, mantener invariable el mercado laboral y agrandar el Estado, su plan trae munición suficiente para derrotar a todos los demás