Una administración tolerable de justicia, por Ian Vásquez

No es un secreto que América Latina sufre de un defectuoso Estado de derecho. Dentro de la región, el Perú no se salva y las nuevas revelaciones de corrupción dentro de su sistema judicial solo refuerzan la percepción negativa. De hecho, la calidad de las instituciones judiciales y estatales peruanas es mediocre, incluso para los estándares latinoamericanos.

A pesar de tanta debilidad institucional, lo que sorprende es el verdadero progreso que ha experimentado el país. En un amplio rango de bienestar humano, ya sea económico o no, el Perú ha avanzado notablemente en las últimas décadas. Sin embargo, este ascenso no será sostenible si no mejora también el Estado de derecho.

Dijo el célebre economista Adam Smith hace más de dos siglos: “Poco más es necesario para llevar a un Estado a su máximo nivel de opulencia desde el más bajo barbarismo, salvo paz, bajos impuestos y una administración tolerable de justicia: el resto lo traerá el curso natural de las cosas”. Por mucho tiempo, los economistas se olvidaron de que la prosperidad depende de factores que van más allá de la política económica. Felizmente, en las últimas dos décadas empezaron a recordar a Smith y que el marco institucional es clave para el desarrollo.

Es así como numerosos estudios en años recientes han podido confirmar esa relación. Usando indicadores del Banco Mundial, Daniel Kaufmann encontró que “el Estado de derecho sí impacta de manera causativa el desarrollo y el crecimiento económico, especialmente en el largo plazo”. Hace más de diez años, el economista James Gwartney y colegas analizaron países con sistemas legales débiles (el Perú incluido) entre 1980 y el 2000 y encontraron que “ninguno de los países con sistemas legales débiles pudo sostener un crecimiento económico sólido [1,1%] una vez que el ingreso per cápita superó US$3.400”.

Desde entonces, el Perú ha seguido creciendo sin mejorar de manera significativa la calidad de su sistema legal. Parece que no ha hecho suyo lo que han encontrado los economistas. Habría que actualizar algunos estudios, pero las investigaciones académicas siguen sugiriendo que la falta de reformas institucionales será un peso cada vez mayor para el Perú.

¿Qué tanto se hacen respetar los contratos? ¿Qué tan independientes son las cortes? ¿Qué tanto se protegen los derechos de propiedad? Son preguntas cuyas respuestas obviamente influyen en el desempeño económico. Pero si las reglas de juego no son justas, imparciales o predecibles, eso afecta de manera negativa toda interacción social –económica, política y civil–.

La relación entre el Estado de derecho, la política y las políticas públicas es compleja y sin duda el Perú ha llegado más lejos porque implementó reformas económicas más profundas que la mayoría de los países de la región. Hace bien el economista Sebastián Edwards al recordarnos, sin embargo, que la supuesta revolución capitalista en América Latina fue “incompleta y ha dejado a la mayoría de los países de la región en una desventaja comparativa significativa en la ardua búsqueda de construir sociedades modernas, vibrantes, resilientes e innovadoras”. Allí tampoco se salva el Perú, porque, además de la falta de reforma institucional, tiene puntos débiles como la sobrerregulación, que llega a ser una forma de discriminación legal y es responsable de la enorme informalidad del país.

¿Cómo mejorar el Estado de derecho? O mejor dicho, ¿cómo crear un círculo virtuoso entre el Estado de derecho, las políticas públicas y la actitud y expectativas de las personas y los políticos? No hay receta. Pero experiencias de países tan diversos como Georgia, Taiwán, Estonia y Lituania, que han fortalecido sus sistemas legales de manera notable, sugieren que es hora de estudiar de cerca los casos exitosos.