Alejandra Costa

La semana pasada, el aprobó por insistencia una ley que abre la puerta de par en par para que los afiliados de la puedan trasladarse al . Lo que ordena esta norma es que todos aquellos que hayan migrado desde el 2002 de la ONP a una AFP y aquellos que decidan hacerlo en el futuro puedan obtener un bono de reconocimiento que les permita recuperar lo que aportaron a la ONP cuando se jubilen.

Aunque ese cambio puede sonar positivo, como la mayoría de leyes destructivas que aprueba el Congreso, su altísimo costo fiscal y los riesgos que genera para la sostenibilidad de la ONP demuestran una vez más que nuestros congresistas son incapaces de hacer el más mínimo análisis costo-beneficio.

Debemos tener en cuenta que el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) es un sistema de reparto y, por lo tanto, lo que aportan los trabajadores activos no se guarda en un fondo a esperar a que estos se jubilen, sino que es usado para pagar las pensiones de los jubilados.

Si, atraídos por este bono de reconocimiento, los afiliados de la ONP migraran en masa al SPP, el Estado tendría que usar más dinero de su propio bolsillo para cubrir las pensiones. En total, el Ejecutivo calcula que el costo fiscal ascendería a los S/40.000 millones.

Lo que llama la atención es que se apruebe una ley así justo cuando estamos viviendo una lluvia de propuestas de reforma del sistema de pensiones, tanto desde una comisión multisectorial del Ejecutivo –que debería tener lista la suya en mayo– como del Congreso, donde la Comisión de Trabajo ya ha publicado su propuesta y la Comisión de Economía tiene un grupo de trabajo liderado por el congresista Jorge Montoya que está elaborando otra.

Y lo que es inconcebible es que uno de los votos aprobatorios de la ley haya venido de la congresista Sigrid Bazán, presidenta de la Comisión de Trabajo, y que debería entender que esta propuesta debilita las columnas de la edificación que está tratando de remodelar.

¿A qué nos llevará este ánimo reformador? Viendo la poca responsabilidad que ha demostrado hasta ahora el Congreso, lo mejor que podríamos esperar es que este ánimo reformista pase y que, desde el Ejecutivo, se proponga y se imponga una pequeña lista de cambios efectivos para mejorar la cobertura y las pensiones. Ello sin poner en manos de los actuales parlamentarios el reto de una reforma para la que, claramente, no están preparados.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Alejandra Costa es curadora de Economía del Comité de Lectura