Encuestitis primaveral, por Andrés Calderón

Una nueva batalla se ha iniciado en el Congreso. Como quien no quiere que los guantes enmohezcan, los púgiles Becerril, Mulder y Vilcatoma se los han vuelto a enfundar para lanzar unos cuantos jabs a Alfredo Torres, Urpi Torrado, Hernán Chaparro y otros encuestadores de profesión.

Pero aunque los shorts de sus contendientes digan Ipsos, Datum o IEP, es probable que los gladiadores parlamentarios fantaseen que las trompadas las reciben El Comercio, “La República”, “Perú 21”, América Televisión, Latina, y cualquier otro medio de comunicación que haya cometido el pecado de difundir aquello que la población opina.

Aunque quizá –solo quizá–, medios y encuestadoras sean la proyección del agresivo sueño congresal de zurrar a otro sujeto. “Hay respuestas [en las encuestas], que no son convenientes al gobierno, que no se publican”, declaró Mauricio Mulder, revelando que, más que los estudios de opinión o los medios que los difunden, es el resultado publicado el verdadero objeto de su agobio. Entonces, se entiende que sí habría un tipo de encuesta que seguramente sería de su agrado: aquella que muestre en luz desfavorable a su villano favorito, Martín Vizcarra.

Sincerado el propósito, habría que proponerles a los padres de la patria un ejercicio de austeridad. Bastante menos costoso que gastar tiempo y recursos en otra fiscalización de la históricamente ineficaz Comisión de Fiscalización sería contratar una encuesta un poco más, digamos, “conveniente”. No confiable para la opinión pública, pero sí para obtener el resultado vindicativo que se persigue. Se podría preguntar, por ejemplo, qué dice Idice, luego de que nos explique, por supuesto, cómo así Keiko Fujimori y Alan García no disputaron la segunda vuelta electoral el 2016 como sus encuestas predecían. Y aunque dudo mucho que algún medio televisivo, radial, escrito o siquiera tuitero en sus cabales le otorgue mucha cabida a lo que recoja dicho “sondeo”, tal vez el canal del Congreso le pueda dedicar unos minutos en el programa de Yeni Vilcatoma.

Para vigilar las encuestas, en realidad, no necesitamos a congresistas. Las encuestadoras y los medios que divulgan sus estudios ponen en juego su prestigio profesional con cada publicación. Las encuestadoras competidoras y los resultados de las elecciones son el barómetro que les otorgan o restan credibilidad. También está, por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones que en época electoral recibe de las compañías encuestadoras informes detallados con el tamaño de la población objeto de estudio, el tamaño de la muestra, el tipo de muestreo aplicado, el trabajo de campo, la base de datos, la fuente de financiamiento, entre otros. El JNE puede suspender y hasta cancelar el registro de las encuestadoras en caso de inconsistencias o falsedades. Y, finalmente, tenemos a la transparencia. Si bien las empresas privadas –incluidos los medios de comunicación– son libres de difundir o no las encuestas que contratan, las entidades estatales sí tienen una obligación de permitir el acceso público a dicha información. Y para ello no es necesaria una comisión parlamentaria, basta con una simple solicitud de acceso a la información.

No se me malinterprete. Tengo tanta expectativa como cualquier otro visitante del circo en leer las conclusiones de Héctor Becerril sobre la dispersión y estratificación de las muestras que utilizan las encuestas y la validez matemática conforme a las reglas de la estadística inferencial, así como en observar las cogitabundas apreciaciones metodológicas de Mauricio “inconstitucionalidad” Mulder, y revisar las 1.999 denuncias constitucionales que presentará Yeni Vilcatoma contra cada uno de los encuestadores y encuestados.

Pero la verdad es que julio ya pasó, y las chanzas forzadas y a destiempo no dan risa, sino vergüenza.