El fiscal José Domingo Pérez recordó que, durante el allanamiento a Fuerza Popular en el 2017, varios congresistas obstaculizaron su labor. (Foto: GEC)
El fiscal José Domingo Pérez recordó que, durante el allanamiento a Fuerza Popular en el 2017, varios congresistas obstaculizaron su labor. (Foto: GEC)
Andrés Calderón

Un informe del fiscal dirigido al líder del equipo especial , Rafael Vela, ha llamado la atención en los últimos días. No solo por el contenido de su imputación sino también por quiénes podrían ser los imputados.

En este documento, el magistrado a cargo de las investigaciones más complejas de corrupción y lavado de activos de los últimos tiempos hace notar que en los mismos momentos en que se encontraba entrevistando a la abogada de Odebrecht Lourdes Carreño, dos cuentas de Twitter informaban sobre dicho suceso. Una de ellas (correspondiente al usuario @juan_maelo), además, posteaba en forma amenazante “Te estamos chequeando ‘héroe’…”. A continuación, el fiscal Pérez concluía que estos hechos evidenciaban “actos de infiltración de informantes en el Equipo Especial de Fiscales”.

A decir verdad, sin embargo, dicho reporte no revelaba ningún supuesto de filtración (difusión externa de información reservada) o infiltración (presencia de algún ‘topo’ que estuviera espiando al equipo especial Lava Jato). Como apuntaba el periodista César Romero en Twitter, el documento no muestra algún dato interno de la conversación con la abogada Carreño que se hubiera publicado. Y cualquier persona que estuviera cerca de las inmediaciones del Ministerio Público podría haber notado su ingreso y difundido esa información.

Claramente, el objetivo del tuitero presuntamente anónimo fue intimidar al fiscal Pérez y eso, en sí mismo, es un hecho que puede investigarse y sancionarse. Pero llama la atención que el fiscal Pérez califique esa sola observación como un caso grave de infiltración, que podría llamar a la suspicacia entre los trabajadores del equipo especial Lava Jato y a la preocupación sobre una posible obstaculización de la importante labor que tienen a su cargo.

¿Cuál pudo haber sido el propósito del fiscal Pérez al redactar ese informe? Pues si es cierto que hay una sospecha de que él o su equipo están siendo vigilados, ponerlo en un papel que –paradójicamente– terminó filtrado en la prensa no parece ser una decisión muy estratégica, ¿no? ¿Para qué poner en sobreaviso al supuesto espía? ¿No sería más prudente indagar bien quién es el presunto filtrador?

A menos, claro está, que en realidad no se crea que existe una infiltración y el aspaviento busque más bien mostrarse como el destinatario de una amenaza. El problema de dicha movida está, por supuesto, en que hacer mucho aspaviento por un ataque tuitero puede hacer que, frente a la percepción pública, la alharaca asemeje al berrinche.

Más aún, si aquello que incomoda al fiscal es la filtración de algo tan simple como la concurrencia de la abogada de una empresa que, ya se sabe, colabora con el Ministerio Público, ¿cómo quedan las decenas de diligencias fiscales que se han filtrado anteriormente? ¿Por qué no hay informes que denuncien la filtración del contenido de las entrevistas a Jorge Barata o Marcelo Odebrecht, por ejemplo? ¿O los videos de los allanamientos al local de Fuerza Popular, la casa de Jaime Yoshiyama, Alan García, entre otros? ¿O por qué no agobia que se filtre el mismo informe en el que Pérez denuncia una filtración?

Las filtraciones, si somos honestos, ocurren todo el tiempo. Sin ellas, el periodismo de investigación no tendría la misma robustez y el público no se enteraría de nada salvo aquello que las entidades oficiales quieren divulgar.

El fiscal Pérez tiene mucha responsabilidad en las investigaciones de casos emblemáticos y muy poco tiempo para culminarlas, como para derrocharlo sin filtro en distracciones que flaco favor le hacen a su labor.