"En su solicitud, el ex jefe del Estado enumera las veces que desde el Ejecutivo se le ha pedido al fiscal de la Nación dar un paso al costado". (Foto: Congreso)
"En su solicitud, el ex jefe del Estado enumera las veces que desde el Ejecutivo se le ha pedido al fiscal de la Nación dar un paso al costado". (Foto: Congreso)
Enzo Defilippi

En enero del año pasado, a raíz de la instalación de la , publiqué una columna que terminaba con esta frase: “Debo confesar que estoy esperando ver qué contorsiones hará el fujimorismo para encontrar responsabilidad en Toledo y Humala (y probablemente en PPK) al mismo tiempo que exculpa a ”. ¿Y qué ocurrió? Pues eso: que la comisión encontró responsabilidades en tres ex presidentes y en un montón de personas más. Pero no en García.

Según la congresista Rosa Bartra, que la presidió, ello fue porque no encontraron “suficiencia probatoria para imputarle un delito”. Extraño. Por un lado, porque no han sido igual de rigurosos con nadie más. Por otro, porque si hay un ex presidente que parece haber tenido una “relación especial” con Odebrecht es Alan García (le regalaron el Cristo de Chorrillos, ¡por Dios!). Además, basta leer los periódicos para saber de la coima que pagó esta empresa para adjudicarse la línea 1 del metro (donde los indicios que vinculan al ex presidente son suficientes como para dictarle una orden de impedimento de salida del país) y de los extrañamente altos honorarios que este recibió por dictar una conferencia en Brasil (que habrían salido de la ahora famosa caja 2). Eso es suficiente como para al menos recomendar investigarlo.

Por otra parte, si las conclusiones de la investigación fuesen ciertas, tendríamos que concluir que Odebrecht aplicó la misma estrategia (repartir coimas que llegaban hasta el presidente de la República) antes y después del gobierno de García, pero no durante. Cuesta creerlo con los indicios que existen.

¿Y qué concluye el informe sobre Keiko Fujimori, acusada de haber recibido financiamiento de Odebrecht cuando era congresista de la República? En su caso no se puede argumentar falta de indicios, ¿no? No importa. La comisión argumenta que estos hechos, evidentemente relacionados con el escándalo Lava Jato y tan serios que le están costando la prisión preventiva a la lideresa del principal partido de oposición, no formaban parte de su investigación (¡plop!).

Probablemente debido al sesgo tan obvio en las conclusiones del informe y al creciente desprestigio del Congreso (el de Fuerza Popular en particular), la ciudadanía lo ha recibido levantando los hombros y diciendo ¡meh! Mucho más interesante le ha resultado ver por televisión las aburridísimas audiencias en las que se determinó la prisión preventiva de Keiko Fujimori.

Pero como si la credibilidad de la comisión no estuviese suficientemente dañada, el último fin de semana el ex presidente García solicitó asilo en la Embajada de Uruguay. Esto, además de ser una confesión de parte (¿recuerdan su “quien no la debe no la teme”?), pone en evidencia algo que ya adelantaba en mi columna de enero del año pasado: que la principal finalidad de las comisiones investigadoras del Congreso no es conocer la verdad sino la de blindar a amigos y atacar a enemigos. También decía que este tipo de investigaciones, sesgadas y mal hechas, terminan favoreciendo a los acusados más sospechosos, quienes pueden argumentar persecución política o que ya se les investigó y no se les encontró nada. Eso es lo que está ocurriendo ahora.

No, pues, no había que ser vidente para saber que esto iba a pasar. Bastaba con entender cómo funcionan las cosas en el Congreso.