Convivir con el enemigo, por Diego Macera

Los primeros intentos de los ingleses para establecer una colonia funcional en Norteamérica fueron un completo fracaso. Ensayaron primero en Roanoke, hoy en Carolina del Norte, entre 1585 y 1587. Luego, en 1606, al mando del capitán Christopher Newport y con el auspicio de la Virginia Company, llegaron a la Bahía de Chesapeake y fundaron Jamestown. Su modelo de colonización estaba fuertemente influenciado por las huellas de Hernán Cortés en México y Francisco Pizarro en el Perú, de modo que el plan consistía básicamente en capturar al gran jefe local, suplantar a la aristocracia indoamericana y forzar a la población a trabajar para ellos y producir riqueza. En los planes de los colonos nunca estuvo trabajar ellos mismos.

Al poco tiempo, sin embargo, el colono John Smith (el mismo que siglos después volvería a cobrar vida en la Pocahontas de Disney) describió que las condiciones que hicieron exitosa la conquista de los españoles no se repetían más al norte: en esas tierras frías no había un poder político centralizado –como era el caso de los incas o los aztecas– y no había población a ser fácilmente subyugada. Sin alimentos, el invierno de 1609 a 1610 cobró la vida de casi el 90% de los habitantes de Jamestown, quienes recurrieron al canibalismo. Intentar implantar una sola manera de hacer las cosas en realidades distintas probó tener consecuencias funestas.

La reflexión viene a cuento a raíz de algunas reglas que se intentan aplicar en el Perú sin importar su realidad básicamente informal. Copiar modelos que funcionan para otros tiempos y otros lugares ha causado sistemas excluyentes y disfuncionales. Ejemplos hay varios. ¿Qué sentido tiene un mecanismo como Essalud –exclusivo para empleados formales dependientes que no llegan ni al 25% de la PEA–? ¿Por qué repetimos el mismo error con las AFP y la ONP? ¿Sabía usted que, ahora que viene la regularización del Impuesto a la Renta, solo uno de cada doce trabajadores lo paga? ¿Qué créditos pueden otorgar los bancos si las garantías que exigen son pagos de planilla, negocios formales o propiedades debidamente registradas?
En simple, el Perú funciona con un set de reglas importado que se adaptará bien a países formales, pero no aquí. Y se insiste tercamente en él. Lógicamente, las únicas salidas a este entrampamiento son dos: o reducimos de forma significativa la informalidad, o adaptamos las reglas para –mientras tanto– convivir con ella.

Sobre la primera, los intentos han sido abundantes. Desde la ley mype hasta los regímenes tributarios especiales RUS y RER. Y, sin embargo, la tasa de informalidad laboral no baja de 72%. De hecho, desde el 2012 a la fecha no se ha reducido nada, a pesar de que el PBI ha crecido. Eso no significa que se deba dejar de intentar formalizar, pero sí que algo estamos haciendo muy mal o que el problema es más profundo de lo que pensábamos.

El segundo camino es uno que reconoce las propias limitaciones, asume la realidad que por ahora toca vivir, y construye instituciones pensadas no para ese empleado teórico formal y ajeno, sino para la gran mayoría real. La informalidad no es dicotómica, está llena de grises; aprender a reconocer los matices y trabajar con ellos es más práctico que pretender que ese problema no existe.

En este campo –inexplorado– es que deben entrar iniciativas novedosas como, por ejemplo, aportes previsionales o de seguros a través de servicios públicos como luz o agua, desligarse por completo de la protección a puesto de trabajo y proteger más bien al trabajador y ciudadano, utilizar la nueva ubiquidad y poder de los teléfonos celulares para registrar pagos, entre muchísimas otras aún por analizar y probar. Querámoslo o no, la informalidad convivirá aún décadas con nosotros; mientras antes lo asumamos y reaccionemos acorde, tanto mejor para todos.

Luego del desastre de Jamestown, le tomó a Virginia Company más de una década enmendar rumbo. La lección que aprendieron, paradójicamente, es similar a la que nos toca aquí: que la manera de crear riqueza y desarrollo sostenido no es con castas de privilegiados y excluidos, sino con instituciones que reconozcan la realidad del lugar y den los incentivos correctos para invertir y trabajar.
​