José Domingo Pérez: Lo que callan los fiscales, por Andrés Calderón

Una vez más, el fiscal José Domingo Pérez está sometido a una investigación por sus manifestaciones ante medios de comunicación. La presunta infracción, según la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, sería haber realizado “declaraciones de contenido político, que deberían ser ajenas y extrañas a la función fiscal”.

Intentemos responder algunas interrogantes que plantea este nuevo caso.

¿Se puede restringir la libertad de expresión de un fiscal?

Sí. La libertad de expresión es un derecho fundamental pero no irrestricto y cuando se trata de un funcionario público puede tener más límites. Parafraseando a la Corte Suprema de EE.UU.: Tienes el derecho para decir y pensar lo que quieras, pero no el derecho a trabajar para el Estado.

Como se trata de un derecho fundamental, las interdicciones deben ser excepcionales, siempre para proteger otros intereses legítimos. Por ejemplo, si un funcionario revela aspectos confidenciales de su trabajo, estas expresiones podrían entorpecer el correcto desempeño de su función. O si se trata de un servidor sujeto a una relación de dependencia y confianza, y cuestiona públicamente a su jefe, resultaría imposible mantener dicho vínculo laboral.

Entonces, ¿un fiscal no puede emitir declaraciones de contenido político?

Precisamente, un supuesto válido para limitar las expresiones de los trabajadores estatales se da cuando estas tienen carácter político. El objetivo es garantizar la continuidad de la función pública, libre de la influencia política. Así, se debe evitar que un funcionario desvíe su labor para favorecer o boicotear a un aliado o rival político. Y también se debe cuidar la “imagen de credibilidad frente a la opinión pública” (Tribunal Constitucional, 2004).

Trazar la línea, sin embargo, entre la expresión política de un servidor público y la opinión individual de una persona –que, por ser funcionario, no deja de ser ciudadano– en un asunto de interés público no es una tarea sencilla. Y debe analizarse caso por caso.

¿Cometió alguna infracción José Domingo Pérez?

Serían dos las afirmaciones que se imputan a Pérez. La más reciente ocurrió en una entrevista con El Comercio. El fiscal indicó que, si no se lograba “la condena de estos crímenes de corrupción, quienes nos vemos perjudicados somos los ciudadanos […] si se ataca lo que se ha avanzado, la ciudadanía tiene que estar alerta”. Esta reflexión la pudo hacer José Domingo Pérez o Juanita Pérez, y difícilmente pueda considerarse ‘política’. La ciudadanía sigue de cerca los casos de Lava Jato y Lava Juez, y seguramente reaccionará en uno u otro sentido, con prescindencia de lo que opine tal o cual fiscal.

Las declaraciones que hizo Pérez en una entrevista en Canal N pueden ser más problemáticas: “Al ver lo que ha sucedido [no aprobarse la acusación constitucional a Pedro Chávarry] […] me indignó y también sentí que no me representa este Congreso de la República. Creo que sí se tienen que tomar medidas fuertes, constitucionales, como someter una cuestión de confianza”.

En este caso, Pérez sugiere a una instancia política (Consejo de Ministros) el uso de un instrumento político (cuestión de confianza) frente a otro órgano político (Congreso). Pero tampoco hay que pecar de ingenuos. Es innegable el ataque político que Pérez, Rafael Vela y compañía vienen soportando de partidos, dirigentes y hasta fiscales supremos (Chávarry incluido).

Siendo una situación límite, no creo que deba sancionarse a Pérez, pero sí recomendarle evitar declaraciones que rozan la frontera de lo político. Quizá un vocero para el equipo especial Lava Jato –que no sea un fiscal– pueda ayudarles a cumplir con el necesario diálogo que deben mantener con la ciudadanía y la prensa, sin distraerse de su labor. Así, cuando callen no estarán como ausentes.