Jugando con fuego electoral, por Arturo Maldonado

Hubo un tiempo en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tenía altos puntajes de confianza ciudadana, desde el 2006 bordeaba alrededor de los 50 puntos en una escala de 0 a 100, según los resultados del Proyecto de Opinión Pública de América Latina. 

Para poner un punto de comparación, estos niveles de confianza eran similares a los que tenían las Fuerzas Armadas o la Defensoría del Pueblo. En el polo opuesto, los partidos políticos y el sistema de justicia solo obtenían alrededor de 30 puntos en la misma escala. Es decir, el JNE estaba al nivel de las instituciones mejor apreciadas por los ciudadanos. Luego de los sucesos de ayer, estos niveles deben estar en una pendiente negativa.

La confianza ciudadana en las instituciones electorales es crítica. Muchos estudios confirman una fuerte relación entre la percepción ciudadana acerca de la integridad electoral, la cual es garantizada por las instituciones electorales, y un número de actitudes democráticas. 

En particular, cuando los ciudadanos confían en sus instituciones electorales, es más probable que a su vez tengan una mejor opinión acerca del desempeño de la democracia y un grado más alto de legitimidad en el sistema. Por el contrario, cuando las autoridades electorales no garantizan la integridad de las elecciones, estas dudas echan sombras sobre los resultados electorales, sobre la estabilidad del gobierno electo y en un extremo pueden llevar a movilizaciones y violencia poselectoral. 

Por ejemplo, las elecciones del 2012 en México fueron calificadas por Freedom House como generalmente libres y justas, aunque las acusaciones de fraude de parte del partido perdedor persistieron, lo que llevó a movilizaciones de miles de personas demandando que se anulen los resultados electorales. En ese caso teníamos unas instituciones electorales que llevaron un proceso regular, aunque igual emergieron acusaciones y dudas acerca del proceso en su conjunto. 

Estos problemas se exacerban cuando las instituciones no brindan las garantías de promover elecciones justas y libres. Es decir, cuando no actúan según los principios de autonomía e imparcialidad. El principal desafío a estos principios es la politización de los órganos electorales, sobre todo en democracias no consolidadas.

Esta es la situación que se cierne sobre la democracia en el Perú a partir de las decisiones del JNE de excluir a Julio Guzmán y a César Acuña de la carrera presidencial. 

En primer lugar, están dilapidando el capital de confianza ciudadana que tenían. Tras esta situación, es probable que las instituciones electorales sean tan pobremente evaluadas como el sistema de justicia. En la mente de los ciudadanos se asociará a la justicia electoral como otra instancia donde la discrecionalidad y el favoritismo prevalecen de la misma manera que en la justicia civil y penal. 

En segundo lugar, los ciudadanos tendremos más motivos para pensar que la democracia no funciona y que el sistema no nos representa. El acto de votar, principio fundamental de la democracia, será percibido como un acto inútil, pues quienes realmente deciden son los que tienen la sartén por el mango. 

Luego, es probable que el próximo gobierno tenga que lidiar con un problema de legitimidad de origen. Pese a haber ganado con los votos requeridos, existirá siempre la duda de qué hubiera pasado si dejaban competir a quienes excluyeron. 

Finalmente y si todo se sale de control, entraremos a un festival de acusaciones de fraude, lo que puede llevar a movilizaciones, al caos y a la violencia. No es ser pesimista ni alarmista, basta solo mirar el espejo de experiencias internacionales. Señores del JNE, no digan que no se les advirtió.