Keiko, la demócrata, por Andrés Calderón

Junto a la narrativa que pide reconocer el respaldo popular que genera el fujimorismo en un 30%-40% de la población y, por ende, su legitimidad democrática –aspecto del discurso que comparto–, se plantea otra que sostiene que el fujimorismo actual –el de Keiko Fujimori y Fuerza Popular (FP)– no tiene los vicios dictatoriales del de los años 90.

Estoy completamente de acuerdo con que los defectos (y virtudes) no se trasladan hereditariamente de padres a hijos, y que estos últimos deben ser juzgados por sus propios actos. Sí discrepo respetuosamente con el benevolente e incompleto “test democrático” que recibe FP en esta construcción, como el ejemplificado por Jaime de Althaus en su más reciente columna en este Diario (“Una cosa es el Fujimori que sojuzgó instituciones y compró la prensa para perpetuarse en el poder […] y otra es el fujimorismo actual que ha participado ya en tres Congresos, ha aprendido a funcionar dentro de las reglas de la democracia e incluso ha formado un partido político organizado que el padre jamás quiso fundar”).

A favor de “Keiko, la demócrata”: sí, ha participado en tres elecciones y formado un partido político nuevo. Le sumo una más: ella no (Kenji y Alberto, sí) utilizó el poder político para quitar los efectos de la sentencia judicial que condenó a prisión a Alberto Fujimori. Pero revisemos bien esa parte de “funcionar dentro de las reglas de la democracia”. Solo con datos objetivos. No consideremos en esta breve lista sus posiciones sobre el régimen económico, libertades civiles, ni siquiera su colaboración o petardeo al Ejecutivo. Solo lo más básico: respeto a la democracia, al Estado de derecho y la separación de poderes.

En contra: no fue muy democrático de Keiko no saludar a PPK cuando le ganó las elecciones en el 2016, ni sembrar dudas sobre la validez de los comicios (“resultados confusos”, Keiko dixit; “Keiko no ha perdido la última elección”, Galarreta dixit) hasta varios meses después.

Tampoco fue muy respetuosa de la separación de poderes (y la Constitución) aquella interpretación de varios legisladores naranjas de que el entonces primer ministro Fernando Zavala no podía hacer cuestión de confianza de todo el Consejo de Ministros por la inminente censura de la titular de Educación, Marilú Martens; y de que si alguna persona repetía el plato en la nueva conformación ministerial, entonces el Congreso podría volver a censurar a dos Gabinetes más antes de ser disuelto constitucionalmente.

Más recientemente, frente a la hipótesis de que PPK fuera vacado y sus dos vicepresidentes renunciaran, otra interpretación “auténtica” surgió desde el fujimorismo que hacía evidente que no aceptaban contrapesos constitucionales: la convocatoria a nuevas elecciones sería solamente para presidente y no para el Congreso.

La independencia de poderes también ha estado en jaque con los ataques de FP al Ministerio Público y la absurda y vengativa acusación constitucional al fiscal de la Nación. El llamado “cuarto poder” recibió también las balas del nuevo fujimorismo con varias iniciativas legislativas contra la prensa como la “ley mordaza” (de Letona y Aramayo) y la amenaza de denuncia penal contra este Diario por publicar lo que diversas fuentes reportaban sobre las declaraciones de Marcelo Odebrecht respecto de Keiko Fujimori.

También deslegitiman la imagen institucional y democrática del partido naranja las represalias contra los parlamentarios que expresan discordancia, como ha sido el caso con Kenji y parece ocurrir nuevamente con los 10 autodenominados ‘avengers’ que no apoyaron la vacancia presidencial.

Keiko Fujimori y FP deben ser evaluados por sus propias acciones y no por las de sus antepasados. Pero no porque su padre haya sacado los tanques a la calle y Keiko no (tampoco es que tenga el poder para hacerlo), eso la convierte automáticamente en demócrata. Nos merecemos una democracia menos ingenua, y eso significa también ser más exigente con nuestros demócratas.