(Composición libre)
(Composición libre)
Andrés Calderón

¡Cuánto quisiera ser Thalía! Y convertir un desafortunado videomensaje a sus fans en un viral casi de culto. Hasta el domingo por la mañana, el más reciente video de la lideresa de Fuerza Popular contaba apenas con 516 ‘me gusta’ y 19.259 ‘no me gusta’ en el canal de YouTube de su partido. El equivalente a un rechazo del 97,4%, lo que quiere decir que en redes le va peor que en las encuestas (80% de desaprobación, según el último sondeo de Ipsos).

No voy a desmenuzar todo el mensaje de la señora Fujimori en esta columna. Quiero centrarme en una parte que ha pasado un poco desapercibida, pero que tiene efectos prácticos trascendentales y de mucha actualidad. Me refiero al extracto dedicado a la prensa. “Desde Fuerza Popular sabemos que enfrentar a la corrupción tiene un alto costo político, de la misma manera que cuestionar al Gobierno por sus propuestas populistas y a los medios de comunicación con la llamada ley Mulder”, afirmó, confesando –involuntariamente– que la también llamada “ley mordaza” tiene un propósito esencialmente vindicativo.

¿Acaso el objetivo de la ley que prohíbe casi toda publicidad estatal no era cuidar el gasto estatal? ¿A través de una ley se puede “cuestionar” a los medios de comunicación? ¿Usar el poder público para golpear a los medios de comunicación no es un atentado contra la libertad de prensa?

¿Por qué esta declaración tiene relevancia actual? Porque el Tribunal Constitucional se encuentra próximo a resolver la acción de inconstitucionalidad presentada contra la ley Mulder. Y aunque razones sobran para verificar que aquella contraviene la Carta Magna, la lideresa de Fuerza Popular acaba de confirmar que la finalidad de la norma era atacar a los medios de comunicación, es decir, una forma indirecta de censura.

Aunque antes había ya defendido la ley Mulder, Keiko Fujimori únicamente se había apoyado en una supuesta política de austeridad y resguardo del presupuesto estatal. Con su último pronunciamiento, en cambio, se pone a tono con otros actos fallidos de sus correligionarios (como Galarreta y Becerril) que, en arrebatos emocionales, desnudaron su ánimo de retaliación contra la prensa.

Hace unos días las semejanzas entre los embates contra la prensa de Keiko Fujimori y Donald Trump. Según me cuentan algunas fuentes, imitar al díscolo presidente norteamericano es un consejo expreso de algunos allegados a la cúpula naranja.

Lamentablemente para sus intereses, la estrategia funcionó parcialmente con Trump en un momento de ascenso popular, en el que empezaba a ganar adeptos y atención mediática precisamente por su discurso de confrontación. Nunca fue una herramienta de rebote. Mientras Trump iba en subida, Keiko sigue cayendo.

Otro punto de distinción es que los ataques de Trump hacia la prensa se han manifestado principalmente a través de tuits, declaraciones y algunos tratos discriminatorios contra reporteros de la Casa Blanca. En el caso de Fujimori, las arremetidas han sido más concretas y peligrosas. El Congreso, y su bancada en particular, acumula el peor récord contra la libertad de expresión de los últimos años. Las cifras del son contundentes. Entre el 2012 y el 2016, se presentaron en el Perú un total de 12 proyectos de leyes que limitaban innecesariamente la expresión. Con el actual Parlamento, ya van 33 proyectos de leyes con impacto negativo en la libertad de expresión, ¡y en la mitad del tiempo! Además, 22 de estas iniciativas provienen de legisladores de Fuerza Popular.

Pese a que amedrentar a la prensa no le ha funcionado, la señora Fujimori no da señales de corregir el rumbo. No oye, no escucha.

*El autor es investigador en el Perú del Observatorio Regional sobre Libertad de Expresión del CELE de la Universidad de Palermo (Argentina).