"Esto no libera a Pedro Castillo de encabezar un mal gobierno, sin norte, débil y con pocas luces para enfrentar la dura tarea de gobernar. Pero a ese Gobierno la opinión pública y el propio Parlamento ya lo han limitado y controlado en sus excesos". (Foto: Presidencia)
"Esto no libera a Pedro Castillo de encabezar un mal gobierno, sin norte, débil y con pocas luces para enfrentar la dura tarea de gobernar. Pero a ese Gobierno la opinión pública y el propio Parlamento ya lo han limitado y controlado en sus excesos". (Foto: Presidencia)
Fernando Tuesta Soldevilla

Profesor de Ciencia Política en la PUCP

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Se está intentando vacar a un presidente por quinta vez en el último quinquenio. En el caso de , puede que fracase este primer intento, pero eso no lo libra de la de forma definitiva. ¿Qué es lo que es común en todos estos eventos? Muy simple, un bajo o nulo apoyo de las bancadas en el Congreso y una oposición mayoritaria o cerca de serla.

Lo hemos repetido en innumerables artículos en este Diario. Nuestro país nunca ha podido superar el escenario de un presidente que tiene al frente una mayoría opositora: Billinghurst (1914), Bustamante y Rivero (1948), Belaunde (1968), PPK (2018), Vizcarra (2020). A todos se les interrumpió el mandato presidencial y, en los tres primeros casos, devino en el quiebre del Estado de derecho. Pero desde el 2016, la vacancia ha sido el argumento para jaquear a los presidentes de la República. El tema es que en nuestro ordenamiento constitucional no existen las causales por las que se invoca la vacancia. Solo se puede declarar la vacancia de la Presidencia de la República por razones objetivas; entre ellas, la “permanente incapacidad física o moral”. Se trata de razones que impiden que el presidente prosiga en el cargo, por circunstancias físicas o morales (psíquicas) comprobadas. Son razones objetivas, no son subjetivas. Por lo tanto, no son interpretables. Son condiciones que se presentan y que seguirán presentándose en adelante (permanentes). No se trata, pues, de juicios políticos o morales, en el sentido ético, como se ha usado en el último quinquenio.

Si es así, ¿por qué se intenta usar la vacancia de cualquier manera? Porque tenemos un minoritario, errático y con baja legitimidad. Pero lo más importante, porque el gobierno tiene al frente a una oposición mayoritaria, con un núcleo radical que desconoce su triunfo electoral, que cuestiona su legitimidad y que lo quiere vacar desde el primer día. De lo que se trata es de conseguir los 87 votos que permitirían interrumpir el mandato de Pedro Castillo. ¿Los argumentos? No importa el argumento, importa el número de votos para forzar la vacancia, que es más fácil que retirar del cargo a un alcalde o a un congresista. El argumento sobre “incapacidad moral” no es un argumento como tal, puesto que no existe ni en la Constitución ni es racionalmente sustentable.

En los sistemas presidenciales, se elige a un candidato por un plazo determinado de mandato, salvo situaciones excepcionales, contempladas en los artículos de la Constitución, referidos a infracciones constitucionales y solo si se ha incurrido en las condiciones objetivas para declarar vacante el cargo de presidente de la República. Nuevamente, no existe en nuestro ordenamiento constitucional –más allá de los esfuerzos y contorsiones de algunos abogados– ninguna causal que tenga como base una valoración o evaluación del ejercicio de gobierno para solicitar una vacancia. Si ese hubiera sido el caso, ningún presidente hubiera terminado su mandato. Ninguno. Siempre hubiera aparecido un argumento y si la oposición tenía mayoría suficiente, lo vacaban.

Forzar la figura de la vacancia, como ya ha ocurrido, lo único que ha llevado es a mayor inestabilidad y a usar la Constitución, violándola. En nombre de la Constitución, ya se han realizado demasiadas atrocidades. Esto no libera a Pedro Castillo de encabezar un mal gobierno, sin norte, débil y con pocas luces para enfrentar la dura tarea de gobernar. Pero a ese Gobierno la opinión pública y el propio Parlamento ya lo han limitado y controlado en sus excesos. El fin no justifica los medios. A un mal gobierno no se le combate con malas artes, solo con el imperio de la ley. No con la ley del abuso.