(Foto: Anthony Niño de Guzmán/ El Comercio)
(Foto: Anthony Niño de Guzmán/ El Comercio)
Andrés Calderón

Ayer, el suspendió la colegiatura del fiscal de la Nación, . Pero este se aferra al cargo. No se va a ir por las buenas. Mientras se discute qué pueden hacer el CAL, el Congreso y el Ejecutivo, cabe preguntarse qué están haciendo los propios fiscales para salvar a su institución.

Resulta incomprensible la pasividad exhibida por gran parte de los fiscales frente a la crisis actual. La semana pasada, por ejemplo, las juntas de fiscales superiores de Lima y Lima Norte, y de fiscales provinciales de Lima y Callao emitieron comunicados genéricos para rechazar el proyecto de ley del Ejecutivo que declara en emergencia el y defender su autonomía. Ninguna línea sobre Chávarry, principal causante del aprieto en el que se encuentran.

Más aun, reporta el periodista Gabriel Mazzei de “Correo” que en la reunión de fiscales superiores de Lima, 20 de 21 optaron por “no pronunciarse sobre la situación del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, por ‘respeto a la jerarquía institucional’”. Terrible momento para guardar silencio.

El proyecto de ley presentado por el presidente Vizcarra es inconstitucional e ineficaz. No se puede suspender el ejercicio de instancias reconocidas en la Constitución como el fiscal de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos sin una reforma constitucional. Además, ¿qué asegura una mejor gobernanza del Ministerio Público si solo cambiamos a los fiscales supremos por los fiscales adjuntos?

Pero es hora de pasar de la crítica a la acción. Si el Ejecutivo ha entrado a tallar en el asunto es por la inacción del Ministerio Público para acabar con sus propias pulgas.

Los fiscales deberían mirarse en el espejo del y del Congreso si no quieren acabar como ellos.

El CNM terminó con todos sus consejeros titulares destituidos, y desactivado por una ley muy similar a la propuesta por el Ejecutivo, también de dudosa constitucionalidad. El CNM se rehusó a cambiar pese a las serias denuncias que arrastraba por años. Una vez que salieron a la luz los “audios de la vergüenza”, no hubo forma de evitar su triste desenlace.

Por su parte, el Parlamento decidió coronar la mala reputación que acumuló con una actitud prepotente frente al Ejecutivo, con un procaz blindaje a quienes reunían graves indicios delincuenciales. Pasó con el condenado congresista Edwin Donayre y con el vergonzoso y flagrante Moisés Mamani. E incluso adoptó cual si fueran otorongos, en su momento, a César ‘Hermanito’ Hinostroza y, recientemente, al mismo Chávarry. El Congreso se ganó a pulso la no reelección aprobada recientemente mediante referéndum.

El país prefirió una mala solución a no tener ninguna. Lo mismo podría suceder con el proyecto de ley del Ejecutivo. Y la responsabilidad no será única ni principalmente de Vizcarra, sino de los propios fiscales, que se han quedado jugando a la ronda alrededor de un árbol mientras no ven el bosque incendiándose.

Si en verdad quieren proteger a su institución, las juntas de fiscales podrían pedir, frontalmente y sin miedo, el apartamiento de Chávarry, como ya lo han hecho dos fiscales supremos (Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez) y una adjunta suprema (Patricia Benavides) que incluso trabaja en el despacho del fiscal de la Nación. Además, podrían plantear alternativas como la recomposición y ampliación de los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, y que esta tenga potestades para remover o quitar la confianza al fiscal de la Nación. O incluir nuevas reglas que inhiban a Chávarry y otros de tomar decisiones que puedan afectar investigaciones en casos que los involucren (Los Cuellos Blancos) y asuntos conexos (Lava Jato).

Quedarse en la indignación sin proponer salidas a la crisis equivale, hoy, a ser cómplice de ella.