El país que tratamos de ser, por Diego Macera

“¿Cuál es el criterio para que un proyecto vaya?”, le preguntó la periodista Sol Carreño al primer ministro Salvador del Solar el último domingo a propósito de la suspensión de la licencia de Tía María. “¿No debería ser la ley?”, agregó con tino la entrevistadora. “Ojalá fuera así. Estamos tratando de ser un país así”, respondió sorprendentemente el titular de la PCM. “Es un proyecto que tiene una historia de violencia, de mucha desconfianza”, remató.

Más que de otros comunicados o audios clandestinos, de este breve intercambio se puede extraer la esencia del problema que nos ha llevado hasta aquí. En pocas palabras, que, arguyendo como motivo la poca institucionalidad que tenemos en este país, la torpedeamos aun más agitando la causa popular del momento. Dos casos emblemáticos sirven para ilustrar el punto.

El primero es el aludido proyecto de Tía María, al que el gobierno otorgó el permiso de construcción con la condición, curiosamente, de no empezar a construir, por lo menos hasta que tenga “aprobación de la población”. Aunque impopular, vale la pena cuestionar la legitimidad de someter una inversión privada a una suerte de referéndum.

Si, a través del EIA, el Estado ha verificado que el proyecto minero no tendría efectos perjudiciales significativos sobre terceros, ¿cómo así la opinión popular le da o le quita derechos a alguien que ha cumplido con todos los requisitos para invertir? Como mencioné en redes sociales, “partiendo de que el EIA es correcto y se ha cumplido con toda la regulación, yo no me puedo oponer a que alguien abra una panadería, un supermercado o una mina a kilómetros de mi casa o trabajo. Los derechos no son plebiscitarios”. Expuse que, en tanto no perjudique al resto, lo que haga un privado no tiene que ser del agrado de todos para que sea legal y legítimo. Así, o el EIA es incorrecto y el Estado no debió otorgarlo en primer lugar, o el Estado garantiza que se pueda invertir. No hay mucho espacio para un punto medio.

Por el contrario, la narrativa que contribuyó a construir el presidente es una en la que la opinión popular –expresada, según pareciera entender, en las protestas violentas de minorías– está por encima de las garantías legales del propio Estado. El argumento subyacente es que las consecuencias de la baja institucionalidad –conflictos sociales, en este caso– se combaten con más daño a la institucionalidad –utilizando políticamente los permisos de inversión–. Algo así como la irónica frase anglosajona “bombing for peace”.

El patrón se repite en el segundo ejemplo emblemático: el adelanto de elecciones. En su discurso por Fiestas Patrias, el presidente aludió a “la voz del pueblo peruano” para justificar la propuesta. El mandatario leyó bien la situación. Su iniciativa es aplaudida por la mayoría de peruanos, en buena cuenta porque el Congreso se ha ganado a pulso el rechazo y la antipatía de la gente.

Nuevamente, sin embargo, el argumento de fondo es que “la voz del pueblo” está por encima de las reglas; que, como hay enfrentamiento entre poderes, poca institucionalidad y una población crispada, se vale mover un poquito el arco. Si bien el presidente se ha cuidado de caminar al filo de lo constitucional, abrir la puerta a manipular la Constitución por conveniencia política es un juego sumamente peligroso del que el Perú, a diferencia de otros países, había logrado hasta ahora escapar con éxito. La apuesta, además, es incierta: si no se llegó a completar una reforma política, ¿qué nos hace pensar que las siguientes elecciones arrojarán mejores resultados, peor aun apresurándolas?

Lo que lleva al último punto: la democracia no es únicamente el proceso electoral. Es también el respeto por las reglas y los derechos básicos, aun a costa de lo que aplauda la mayoría. Parafraseando al primer ministro, ojalá fuera así y estemos tratando de ser un país así.