(Collage: El Comercio)
(Collage: El Comercio)
Andrés Calderón

¿Cuán probable era que se emprendiera la reforma de justicia si los audios de la vergüenza (#CNMAudios o audios del ‘Lava Juez’) no involucraban a actores políticos? ¿Cuán probable es que la reforma prospere ahora que hay intereses políticos de por medio?

El involucramiento de personajes políticos en la corrupción judicial acarrea el peligro de obstaculizar la reforma del sistema de justicia, pero también el riesgo de que, distraídos en la conflagración política, pasemos por alto algunas prácticas tan execrables como arraigadas. Que, bajo el estruendoso sonido de los audios sobre la “señora K”, la “fuerza número uno” y el presidente que “chupa ron Zacapa puro”, pasemos por alto la microcorrupción que campea en nuestras instituciones, y que no necesita de reforma constitucional para ser combatida.

Por ejemplo, ¿no podríamos regular mejor las relaciones entre jueces y fiscales, y los miembros del CNM que los evalúan? ¿No debería estar prohibido que estos tengan contactos extrainstitucionales? ¿Por qué no se fijan topes para el tipo de invitaciones o “regalos” que un funcionario puede recibir? Hay una tremenda distancia entre –digamos– un café y un almuerzo en La Carreta, un iPhone, tickets para el Mundial de Rusia, o 50 entradas para un concierto del Dr. Rock (aunque precio no sea igual a valor).

Los diálogos entre Hinostroza, Ríos y sus adalides muestran varios otros defectos institucionales. Parece ser no tan complicado, por ejemplo, apartar de un caso a un juez recto pero “incómodo” (Cerapio Roque Huamancóndor), o colocar en él a un juez “amigo” (Vila Oré) y acceder a información privilegiada. Tan sencillo como manipular la formación de las salas judiciales para tener mayorías con gente “de confianza”.

Los problemas no se quedan en el Poder Judicial. En una reciente entrevista con Mávila Huertas, el fiscal José Domingo Pérez nos abrió el clóset del Ministerio Público y mostró algunas de los cadáveres que esconde.

¿Qué sucede cuando el gerente general (Mariano Cucho) y secretario general (Javier Palomino) de la Fiscalía de la Nación se convierten en sujetos de investigación? ¿Cómo se soluciona el conflicto de intereses y protege al fiscal que tiene que investigarlos? ¿Cómo se resguarda institucionalmente a un fiscal de la injerencia de sus superiores? ¿Qué pasa si su jefe le dice “no sabes con quién te estás metiendo” o “sobre AG no se pregunta”? ¿Qué hacemos cuando son los propios fiscales supremos (como Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez) los implicados en una investigación? ¿Pueden seguir ejerciendo funciones como si nada y votar ellos en el nombramiento del fiscal de la Nación? ¿Qué mecanismo de control externo hay para estos casos?

Y eso que nos referimos a fiscales supremos y sistemas especializados (anticorrupción y lavado de activos). Lo mejorcito del Ministerio Público. ¿Cómo será el panorama en las fiscalías de delincuencia común o violencia familiar?

Uno de los mayores aportes del recientemente publicado libro de Lorena Álvarez (“No te mato porque te quiero”) radica en exponer –con rostro humano– las taras de nuestra administración de justicia. Pese a la gravedad y notoriedad de la violencia de género en el país –identifica Álvarez–, aún no hay salas especializadas para casos de violencia familiar, no hay peritos de medicina legal en las comisarías para que las personas agredidas pasen inmediatamente por los exámenes correspondientes (esencial para acreditar la agresión), los peritos no consideran el daño psicológico para la estimación de los días de incapacidad, los exámenes y la toma de declaraciones muestran cero empatía con la víctima, y largo etcétera.

Entre audios y testimonios valientes, se oyen las voces que claman por cambios en la justicia en el Perú… ¿alguien está tomando nota? ¿Alguien está escuchando?