(Ilustración: Giovanni Tazza).
(Ilustración: Giovanni Tazza).
Iván Alonso

“Soy del Gobierno y he venido a ayudar”. Estas eran, según el expresidente estadounidense Ronald Reagan, las palabras más aterradoras que un empresario podía escuchar. En el Perú, el Estado parecería haber abandonado toda pretensión de ayudar y haberse dedicado simplemente a regular, imponiendo cargas cada vez más onerosas a las empresas. Posiblemente sea esa una de las razones por las cuales el crecimiento económico se ha ido aletargando. No es, por eso, una mala idea que el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) haya fijado como uno de sus objetivos prioritarios mejorar el ambiente de negocios. El problema está en los detalles.

El PNCP plantea 14 medidas para mejorar el ambiente de negocios. Cuatro de ellas se enfocan en la creación y aplicación de estándares técnicos para hacer más competitivas a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que son la inmensa mayoría de las empresas del país. Una se refiere a la homologación de sus productos para que se inserten en las cadenas de valor, o sea, para que las empresas más grandes les compren. Las demás se refieren a estándares técnicos de calidad, ambientales y sanitarios.

La aspiración es laudable sobremanera. ¿Quién no quisiera que los productos peruanos alcanzaran los más altos estándares? Pero la pregunta es, en el primer caso, si puede el Gobierno homologar mejor que el mercado; y en los restantes, si los estándares no terminarán asfixiando a las empresas.

Las listas de proveedores de las grandes compañías mineras, metalmecánicas, textiles o de alimentos incluyen a cientos de empresas. Ciertamente, no todas son grandes. Hay cientos o miles de mipymes que ya son proveedoras de los grandes compradores. Ya están homologadas por estos. Y las que no lo están todavía pueden ir y averiguar qué necesitan para convertirse en proveedores. ¿Cómo podría el Estado homologar, a través de una norma, a todos los posibles proveedores? ¿Qué asegura que esa norma sea la adecuada para todos los posibles compradores? El mercado, o sea, el trato directo entre partes interesadas, transmite más eficientemente la información.

Los otros estándares, como hemos dicho, pueden ser muy deseables; pero, al final, va a ser una cuestión de costo y beneficio para las mipymes. Un estándar más alto es naturalmente más costoso de alcanzar. Pero si el producto no se puede vender a un precio que cubra ese costo, no lo van a cumplir. El estándar será una razón más para ser informales o, en el peor de los casos, para cerrar.

¿Qué debería contener el PNCP en materia de ambiente de negocios? Se ha obviado lo que, a nuestro entender, es uno de los principales dolores de cabeza de los formales y una autojustificación para los informales y que, además, está en manos del Gobierno arreglar: el trato que dispensa el fisco a los contribuyentes. Notificaciones poco claras, que consciente o inconscientemente intimidan; un sistema que controla al milímetro las obligaciones, pero no siempre reconoce los derechos con igual celo; una tasa de interés moratorio excesiva, amparada en la letra del código tributario, mas no en el costo real del dinero.

¿Qué cosa sí contiene el PNCP y debería ejecutarse de inmediato? La unificación del régimen tributario de las mipymes, de tal manera que no se penalice el crecimiento empresarial. No hay mucha ciencia en eso.