(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Andrés Calderón

¿Qué tal le fue a la libertad de prensa en el Perú durante el 2018?

Dado que la libertad de prensa y la relación entre el Derecho y los medios de comunicación son temas recurrentes en esta columna, me pareció conveniente cerrar el año con un análisis retrospectivo.

A nivel del Congreso, prácticamente todas las iniciativas legislativas relacionadas con información y expresión tuvieron por objeto restringir estas libertades. Ahí están el abortado proyecto de ley del parlamentario Clayton Galván que exigía la colegiación obligatoria para ejercer el periodismo y el arcaico proyecto del congresista Carlos Tubino que amenazaba con mandar a prisión a cualquiera que lanzara “ofensas” o “desprecios” a una religión o culto. También peligrosas son las iniciativas que permitirían la detención (Carlos Tubino) y encarcelación (Héctor Becerril) de quienes participen en reuniones, marchas o protestas solo por ocultarse el rostro.

La bautizada ley mordaza o ley Mulder fue, sin embargo, la que se llevó el antipremio. Concebida con el objetivo de castigar a la prensa incómoda, esta ley prohibió, como regla general, la contratación de publicidad estatal en medios privados. Al vulnerar el derecho a la información de los ciudadanos y la libertad de contratación, fue declarada inconstitucional.

Desde el Ministerio Público, los embates vinieron en la forma de una extraña intervención a un local de prensa (IDL-Reporteros), seguida de requerimientos e investigaciones de la propia fiscalía y luego del Parlamento, relacionados con la difusión de los audios que revelaban la red de corrupción y tráfico de favores entre el Consejo Nacional de la Magistratura, jueces, fiscales, empresarios y políticos.

A nivel judicial, el caso de una jueza en el Cusco que ordenó la censura del programa televisivo “La Paisana Jacinta” sin siquiera molestarse por dar una mínima motivación jurídica y las constantes querellas por difamación que se admiten a trámite sin mayor control demuestran el todavía pobre nivel de nuestros magistrados en temas vinculados con la libertad de expresión.

Por el lado del Ejecutivo, no hubo ataques contra la prensa… pero tampoco hubo mucho más. Los mensajes del presidente Vizcarra en el 2018 incluyeron compromisos con la transparencia o reconocimientos al periodismo de investigación en el destape de los “audios de la vergüenza”, que no pasaron de ser meras declaraciones tribuneras.

El mandatario no fue precisamente transparente en el asunto de las reuniones secretas que sostuvo con Keiko Fujimori. Clamó apoyar la creación de una verdaderamente autónoma autoridad de transparencia y el Ministerio de Justicia trabajó un anteproyecto de ley. ¿Dónde está ese documento? En el baúl de las recomendaciones encarpetadas, seguramente debajo del asiento de algún burócrata cortoplacista que desconoce que invertir en transparencia es ahorrarse los costos de la corrupción y la ineficiencia. El Gobierno ha manejado un doble discurso y poca predictibilidad en lo que se refiere a los ámbitos permitidos y prohibidos para la expresión política de sus funcionarios, lo que se ha puesto de manifiesto en el disímil tratamiento de casos como el de Lesly Shica (Midis), Gabriela Eguren (Lugar de la Memoria) y Sheyla Herrera (TV Perú).

Y no sé si es ingenuidad o simplemente abulia lo que explica que el Ejecutivo no trabaje hasta ahora en un reglamento de la ley de publicidad estatal o una nueva ley que defina –con seriedad y sobre la base de las mejores prácticas internacionales– mecanismos más objetivos, predecibles y transparentes para resguardar la eficiencia en el gasto público. Parece que estuvieran esperando a una ley mordaza 2.0 para reaccionar.

Dicen que los mejores equipos de fútbol se arman de atrás para adelante. Este 2018, las libertades de expresión y prensa recibieron no pocos ataques. Y aun así, para el próximo año, no nos hemos reforzado en defensa.