Cómo priorizar las inversiones en agua, por Iván Alonso

Desde esta columna hemos aplaudido el énfasis que el actual gobierno está poniendo en las inversiones para que todo el país cuente con servicios de agua y saneamiento. El presupuesto del próximo año tendrá para ese fin una partida de 2,000 millones de soles, un buen comienzo, pero que dista mucho, inclusive con los aportes complementarios que pueda hacer el sector privado, de las necesidades. El ministro Edmer Trujillo ha estimado estas últimas en 50,000 millones y, como el tiempo apremia, ha sugerido eliminar los estudios de pre-inversión. El problema es cómo va a priorizar.

Algún criterio tiene que adoptar el gobierno para escoger qué proyectos ejecutar primero. Hay criterios arbitrarios y otros, digamos, más científicos. Uno podría pensar en ejecutarlos por orden alfabético, por orden de llegada o por orden de tamaño. Lo primero, claramente, no hace ningún sentido. Lo segundo privilegia el impacto mediático de ejecutar –¡por fin!–  unos cuantos proyectos largamente esperados, pero que no necesariamente son los más urgentes. El tercer criterio, orden de tamaño, privilegia la inversión por la inversión (los “megaproyectos”), que no es lo más sensato; aunque yendo en sentido contrario, del más chico al más grande, este criterio maximiza el número de poblaciones atendidas, algo quizás más razonable.

Mejor que el número de poblaciones atendidas es partir del número de beneficiarios. Éste, sin embargo, no nos da una visión completa de las bondades de un proyecto. También es importante saber cuántas horas de agua al día se les podría dar y si estarían pasando, por ejemplo, de cero a cuatro horas de disponibilidad o de veinte a veinticuatro. Con esta información es relativamente fácil valorizar el agua, asignándole, para fines de comparación, un valor por metro cúbico que no dependa de la capacidad de pago de los beneficiarios. Podemos inclusive ponderar la urgencia de las necesidades atendidas, fijando un cierto valor para las primeras cuatro horas de disponibilidad, otro valor más bajo para las siguientes cuatro y así sucesivamente.

Con este método el Ministerio de Vivienda puede calcular los beneficios directos de cada proyecto y ponerlos junto a sus respectivos costos para saber cuáles son los que ameritan ejecutarse antes. Puede considerar también los beneficios indirectos, tales como el efecto de la mayor disponibilidad de agua potable en la incidencia de enfermedades, que puede ser distinto según la ubicación, el clima o el nivel de ingresos.

Cualquier cálculo de esta naturaleza es solamente una aproximación a los costos y beneficios, pero debería servirle al ministerio para enfocarse en aquellos proyectos que más puedan contribuir al bienestar de la población. Con toda seguridad, saltarían a la vista grandes diferencias entre un proyecto y otro en cuanto al valor de las necesidades satisfechas por cada sol invertido. La precisión no es tan importante en este momento en que hay que decidir qué inversiones hacer en los próximos doce a dieciocho meses. Comencemos por separar la mitad más prometedora de la menos prometedora; y avancemos con un proyecto por región. Después, si quiere, podrá el ministerio refinar su análisis. Y si no, las probabilidades de equivocarnos –o sea, de poner plata en proyectos cuyos beneficios no justifican los montos invertidos– igual serán más bajas.