En marzo del 2019, la reforma política llegó al partidor de la carrera legislativa confiada en poder llegar a la meta. Hubo una conferencia de prensa, se publicó un libro, se hicieron entrevistas. Digamos que la reforma empezó con las zapatillas nuevas, las medias impecables bien arriba, las muñequeras y la banda en la cabeza de rigor. Todos los rasgos de un amateur que se ve muy bonito, pero que no tiene ninguna opción contra los corredores más experimentados, de suelas gastadas y camisetas percudidas.
PARA SUSCRIPTORES: Guerras congresales, por Eduardo Dargent
Un poco por desinterés del Gobierno, otro por responsabilidad del Congreso, la reforma fue quedándose cada vez más atrás. Hoy, cuando ya todo el resto de competidores llegó y no queda casi nadie mirando a los lados de la pista, la reforma –o lo queda de ella– se acerca a la recta final. El 28 de setiembre es la fecha límite para que se incluyan cambios en la legislación electoral del 2021.
Si bien queda muy poco por lograr, el último aliento de la reforma política podría marcar una diferencia significativa en las condiciones sobre las que se construirá el futuro de nuestra democracia. Uno de los temas que aún están sobre la mesa es el del impedimento para que sentenciados en primera instancia puedan postular a cargos públicos. ¿Qué falta para que se apruebe? 87 votos. El proyecto de ley, que requiere de una reforma constitucional, fue aprobado en primera votación con 111 votos. Sin embargo, la segunda votación se ha postergado desde hace dos meses, porque a algunos congresistas se les desinflaron las ganas de autoexcluirse o excluir a sus líderes de la política y ahora los votos no alcanzan para conseguir los 87 de rigor.
El otro tema que sigue en el tintero es el de la regulación del financiamiento de campañas. Aunque el COVID-19 lo ha relegado de las primeras planas, el Caso Lava Jato había sido hasta hace poco el evento más importante de la historia peruana reciente. Si no se regula y se visibiliza la rendición de cuentas de los partidos políticos en época electoral, de nada habrá servido la indignación ciudadana. Es indispensable que el pleno del Congreso apruebe una norma razonable antes de que venza el plazo y que esta incluya darle capacidades a la ONPE para fiscalizar los gastos durante la campaña y no después.
Existen otros dos asuntos que no están del todo en agenda, pero que bien podríamos aprovechar para mencionar, a ver si pegan: la eliminación del voto preferencial y el retorno a la bicameralidad. En el primer caso, hay poco o nulo interés en el Parlamento por promoverlo, pues los congresistas son hijos del voto preferencial y este encaja perfectamente con la red clientelar de formación de listas electorales que existe en el país. La probabilidad de que se promueva y apruebe esta modificación es insignificante, pero nada se pierde con soñar.
“La madre de todas las reformas”, como llamó Tuesta a la bicameralidad en una entrevista que dio a este Diario, ha regresado a la agenda parlamentaria a último minuto. Omar Chehade, el presidente de la Comisión de Constitución, acaba de presentar un PL para reinstaurarla en el 2023. Si logra tracción, podría ser un primer paso interesante hacia un sistema parlamentario menos impulsivo que el actual.
Faltan cerca de 20 días para que tengamos claro qué partes de la alicaída reforma política llegaron a la meta. Cuanta más presión cívica haya en torno a los asuntos que siguen pendientes, mayor probabilidad de que estos logren alcanzar la meta habrá. Así que no perdamos el interés que ya falta poco.