Rifas y promociones: un atavismo, por Franco Giuffra
Rifas y promociones: un atavismo, por Franco Giuffra
Franco Giuffra

En 1962 murió Marilyn Monroe, fue excomulgado Fidel Castro y canonizado Martín de Porres. En el Perú mandaba una junta militar que, vía una resolución suprema, encargó al Ministerio de Gobierno y Policía la supervisión de las rifas. Un año más tarde, el presidente Fernando Belaunde produjo un decreto supremo para reglamentar también los sorteos y concursos comerciales.

Han pasado más de 50 años y esa regulación no se ha modernizado. Todo lo contrario, la antigua Dirección Nacional de Gobierno y Municipalidades se convirtió en la temida Onagi (Oficina Nacional de Gobierno Interior) y la voracidad controlista se multiplicó. Lo único que se mantuvo sin cambios fue esta aberración: encargar al Ministerio del Interior el control de las promociones comerciales.

En el intermedio, el presidente Alberto Fujimori y el ex convicto general César Saucedo pusieron su cuota reguladora con el Decreto Supremo 006-2000-IN. Seguramente para fiscalizar a comerciantes deshonestos e inescrupulosos. Ironías de la vida.

Ya luego vino el desmadre. Vía resoluciones ministeriales, contrabandos normativos en los TUPA y precisiones diversas perfectamente ilegales, el Ministerio del Interior (Mininter) ha padecido una incontinencia regulatoria sobre esta materia durante los últimos 15 años. 

A través de la Onagi, se requiere permiso para cualquier promoción que implique un premio, sorteo o canje. Hay que informar diez días antes la modalidad, el plazo, el premio y los mecanismos de promoción. No se puede extender, sin aprobación del Mininter, la duración de la promoción o repetirla. Hay que reportar luego quién ganó y cómo, además de contar con un delegado del ministro en el sorteo.

Si se entregan toallas a cambio de cupones, la Onagi tiene que autorizarlo. Y los productos canjeados tienen que darse al costo de adquisición, ni un sol más. Los premios deben entregarse a los 90 días y, si no aparecen los ganadores, hay que explicar qué se hizo para contactarlos. Todo lo no reclamado debe ir al Mininter, supuestamente para ser donado caritativamente. No se ría.

Existen más o menos 45 condiciones, exigencias, solicitudes y trámites que tienen que seguir los privados para sortear o canjear cualquier cosa que cueste más de 600 soles. Incluyendo los concursos que hacen por Facebook las empresas con sus clientes; incluyendo las promociones tipo 2x1 que recientemente la Onagi también pretende autorizar y supervisar. Las sanciones son implacables.

¿Qué diablos hace el Mininter con esta responsabilidad, mientras persigue ladrones y narcotraficantes? Habría que resucitar al general Ricardo Pérez Godoy y preguntarle por qué lo dispuso así en 1962, cuando ingenuamente buscaba evitar alguna rifa bamba en los carnavales de Ancón.

Hace un par de meses, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Indecopi le puso un freno parcial a estos excesos. En una resolución enjundiosa que resume dos años de disputas contra la Onagi, Indecopi dio la razón en una buena parte a una denuncia de la Asociación Nacional de Anunciantes.

Pero no todo se ha podido desmantelar, porque algunas barbaridades se originan en leyes y los dientes de Indecopi no alcanzan. Lo resuelto, además, solo beneficia al gremio demandante, no a los privados en general. 

Todavía el nuevo gobierno no ha mostrado sus garras antiburocráticas y simplificadoras. Si quiere exhibir algunas victorias rápidas en sus primeros cien días, aquí le dejamos una pista. Saquen de la Onagi esta locura, desaparezcan todo lo que ya está cubierto en la normativa sobre protección al consumidor y liberen al ministro para que pueda corretear a los choros.