Las secuelas de Tía María, por Fernando Rospigliosi
Las secuelas de Tía María, por Fernando Rospigliosi
Fernando Rospigliosi

El lamentable mensaje a la nación del presidente Ollanta Humala el viernes pasado puso al desnudo, otra vez, todas sus carencias. A pesar del desastre que ha significado el episodio de Tía María para el país, para su gobierno y para él personalmente, no hubo ni una pizca de autocrítica ni de reconocimiento de la derrota. Menos aun de propósito de enmienda y de señalamiento de un rumbo distinto, para no repetir los mismos errores.
Como es su costumbre, trató de echar la culpa a todos: al anterior gobierno, a la empresa, a otras instituciones, sin asumir su propia responsabilidad.

Hasta en la forma reflejó su personalidad. Fue un típico discurso burocrático militar, aburridísimo, lleno de alusiones a organismos estatales, trámites y cifras que no venían al caso, evadiendo todos los problemas importantes.

Era indispensable, por ejemplo, que explicara su viraje de ciento ochenta grados en relación con lo que dijo en el Valle de Tambo durante la campaña electoral del 2011. Ese discurso, profusamente difundido ahora, echó gasolina al fuego y avivó la indignación de los que protestaban.

En esa ocasión, en Cocachacra, en el contexto de la revuelta antiminera que había cobrado muertos y heridos y que acababa de culminar con la primera suspensión del proyecto minero, les dio la razón a quienes no querían Tía María y avaló la cuestionable “consulta popular” que habían realizado los opositores a la mina con el previsible resultado de “no” al proyecto minero: “Y si eso es lo que quieren, nosotros los vamos a apoyar y vamos a luchar para que la voz de ustedes tenga carácter vinculante ante cualquier decisión política”. Clarísimo. Un apoyo total e incondicional a lo que exigían los enemigos de la minería.

Pero Humala fue más lejos todavía, exigió: “El presidente de la República [Alan García en ese momento] tendrá que venir aquí y no mentir, porque si miente será vacado”. No hay que olvidar que aquellos tiempos Humala reclamaba por cualquier razón la vacancia de los presidentes, tanto de Alejandro Toledo como de Alan García.

El resultado electoral de la demagogia de Humala fue abrumador. En primera vuelta ganó en Cocachacra con 71% de los votos válidos contra 10% de Pedro Pablo Kuczynski, y en segunda vuelta con 80% frente al 20% de Keiko Fujimori.

Si ya siendo presidente Humala –y la jefa del partido Nadine Heredia– le dieron luz verde al proyecto Tía María, ¿les debían una explicación a los ciudadanos del Valle de Tambo? Si ahora habían modificado radicalmente su punto de vista y estaban empeñados en que el proyecto minero salga adelante, ¿no deberían haber ido al mismo lugar a tratar de persuadir a sus votantes de que la mina era necesaria? Eso hubiera sido consecuente con lo que el mismo Humala reclamaba a García en la campaña electoral y con lo que había prometido a sus electores.

No hicieron nada de eso y ahora le echan la culpa a la empresa por no haber explicado adecuadamente los beneficios del proyecto. Por supuesto, la Southern tiene responsabilidad y ha cometido muchos errores, pero eso no exculpa a Humala y Heredia.
Como advertí en esta columna la semana pasada, Tía María ya estaba liquidada y la empresa tenía que suspender el proyecto, cosa que ya ocurrió (lo de los 60 días es un eufemismo, es claro que no se reanudará, por lo menos en este gobierno).

Las consecuencias son graves. En primer lugar, eso da nuevos bríos a los enemigos de la inversión privada en todo el país. Después de Pichanaki e Islay, muchos aspirantes a cargos públicos tratarán de hacerse conocidos y lograr réditos políticos con miras a las elecciones del 2016.

En segundo lugar, los violentistas, los que asesinaron al policía Alberto Vásquez, hirieron a cientos de sus compañeros y propiciaron la muerte de dos civiles, están impunes. Toda la palabrería sobre el Estado de derecho y el cumplimiento de la ley del discurso del presidente es papel mojado.

En tercer lugar, el gobierno ha quedado más debilitado de lo que ya estaba; y el primer ministro Pedro Cateriano –que desapareció de la escena la última semana del conflicto–, aplanado. Su posibilidad de obtener facultades delegadas del Congreso es ínfima.
La falta de liderazgo de Humala y su gobierno la paga todo el país.