Los sueldazos de la Garcilaso, por Enrique Pasquel

En los últimos nueve años el sueldo acumulado del rector de la secretario general recibió S/.20 millones. Asimismo, el secretario académico de la Facultad de Estomatología (e hijo del rector) ganó, entre el 2009 y 2013, más de S/.2,7 millones. Y la jefa de la Defensoría del Estudiante (e hija del rector) ganó más de S/.4 millones. 

Vamos, no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que algo huele mal acá. Tanto así que este caso se prestó a la perfección para que varios congresistas lo utilicen como ejemplo de que en las universidades privadas cualquier cosa puede pasar. Y, en consecuencia, para argumentar que necesitan de más supervisión estatal. Supervisión que posibilitaría, de aprobarse, el proyecto de ley universitaria que el Congreso debatirá próximamente.

Ahora, lo curioso es que escándalos como este son posibles, por el contrario de lo que se dice, gracias a la intervención estatal. 

Déjenme explicarles. Antes de que Velasco saboteara todos los sectores de nuestra pobre economía, las universidades privadas eran controladas por sus fundadores. En ese tiempo, un caso como el de la Garcilaso difícilmente hubiese ocurrido, pues los fundadores estaban vigilantes (a fin de cuentas, habían puesto en juego su patrimonio) y hubiesen puesto al rector y a su gente de patitas en la calle. 

Pero Velasco, que no creía mucho en eso de la libertad individual, expropió a los fundadores de sus universidades y decidió que estas debían estar dirigidas por quien le parecía a su muy revolucionario pero poco iluminado gobierno militar. Así, creó las asambleas universitarias, cuerpos integrados por profesores y alumnos que tomarían las decisiones de la institución de manera colectiva. 

Velasco tuvo la genial idea de hacer con las universidades algo similar a lo que hizo con las haciendas agrícolas. Las convirtió en cooperativas, donde todos los integrantes de la organización son responsables de todo y, por tanto, nadie es realmente responsable de nada. 

Esta reforma facilitó que quienes estuviesen a la cabeza de las universidades tuviesen gran capacidad de hacer lo que les viniese en gana con ellas. Además, ya a nadie le interesaba invertir capital en las mismas. Fue un tiro de gracia para la educación universitaria. Si se preguntan por qué nuestras universidades no se encuentran entre las mejores del mundo, esta es parte de la respuesta.

El escándalo de la Garcilaso solo es el caso más llamativo de la ineficiencia que permitió este sistema creado por la intervención estatal. Gracias a ella, hoy el buen manejo de los recursos en las universidades sin fines de lucro depende básicamente de la buena suerte: que las autoridades que lleguen a dirigirlas resulten ser honorables y competentes.

Lo más lamentable, sin embargo, es que el proyecto de ley universitaria que hoy se discute quiere profundizar en los errores que se cometieron en el velascato. De aprobarse, el control del manejo universitario pasaría en mayor medida a manos de burócratas estatales, que tienen aún menos interés e información sobre la institución educativa que los miembros de las asambleas universitarias. Y, de esta forma, se difuminaría aún más la responsabilidad sobre las decisiones que se tomen dentro de la institución.

El proyecto de ley universitaria parte de un error insalvable: que las universidades funcionarán mejor si sus decisiones importantes las toma un burócrata indeterminado, que no asumirá las consecuencias de las decisiones que tome. Una suerte de pensamiento velasquista ‘reloaded’.