Vacuna para los reguladores, por Andrés Calderón

No me refiero a los mamíferos, sino al apelativo con el que se denomina a los organismos reguladores en el Perú (Ositrán, Osiptel, Osinergmin, etc). Las embestidas también alcanzan a los organismos técnicos independientes como el Indecopi y la Sunedu –recurrente objeto de codicia y control de ciertas “universidades” y sus aliados–.

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¿Quiénes son estos infames depredadores? Los políticos.

Basta que un político pierda un vuelo para que cuestionen al Indecopi por no hacer nada contra el “abuso” de las aerolíneas. O que suba el precio del limón para que empiece el interrogatorio en una comisión parlamentaria durante cuatro horas. Lo acabamos de ver hace poco con los servicios públicos. Esta semana empezarían los cortes a quienes no hayan pagado durante tres meses los servicios de telefonía, Internet y cable, y en respuesta, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso ya aprobó investigar a todos los organismos reguladores “durante los últimos cinco años, para determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales de sus funcionarios”.

¿Qué responsabilidad tiene una autoridad porque a alguien le corten el teléfono al no cancelar su deuda? No sé si los señores parlamentarios que integran esa comisión alguna vez costearon algo en su vida, pero así funcionan las cosas en todo el mundo. Si pagas por un servicio, te lo brindan. Si dejas de pagar, te lo cortan. Y no se necesita que ninguna autoridad apruebe o deniegue esa facultad. Es lo que corresponde por contrato. Más bien, llevarse algo sin haberlo pagado es lo que normalmente conocemos como hurto.

Pese a esta regla general, el Gobierno y el regulador otorgaron un período de gracia: todo el tiempo que ha durado la cuarentena. Tres meses sin pagar, sin suspensión del servicio y con posibilidad de fraccionar los recibos hasta por un año. Menos del 3% ha pedido fraccionamiento, pero la morosidad de los abonados de servicios pospago alcanzaba el 40% en abril (cifras de Osiptel). Es un golpe durísimo a las empresas operadoras. Lo penoso es que luego vendrán las quejas por los trabajadores que pierden sus puestos y la falta de infraestructura para asegurar Internet y telefonía para todos. Causa y efecto.

No es el único sector abatido por la morosidad. La demanda del sector eléctrico cayó un 30% durante abril y mayo, y más del 45% de usuarios se ha atrasado en los pagos, según un informe del IPE y El Comercio.

Responsabilizar a los reguladores por el descalabro económico que han sufrido consumidores y proveedores es como culpar al Senamhi por el frío.

Y como si de una carrera populista se tratara, la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, se sumó al cargamontón y le achacó al Indecopi una supuesta inacción frente a la escasez del oxígeno. La magistrada –que cada vez más se comporta como política– quizá obvió leer el capítulo económico de la Constitución o revisar la ley de organización y funciones del Indecopi para darse cuenta de que esta entidad no controla precios ni oferta, ni tampoco tiene entre sus labores fabricar oxígeno medicinal.

¿Hay que proteger a los consumidores? Sin duda, pero eso se logra garantizando el respeto de los contratos, y con intervenciones oportunas (es imposible llegar a todos los casos) y multas elevadas en casos emblemáticos de afectaciones graves. No con exigencias populistas.

Pero también hay que proteger a los reguladores. Una alternativa es darles rango constitucional, para asegurarnos de que sus acciones sean técnicas y autónomas. Vacunarlos contra los intereses políticos de turno.