Esta vez no imitemos a Chile, por Iván Alonso
Esta vez no imitemos a Chile, por Iván Alonso
Iván Alonso

Economista

Esta semana debía reunirse una comisión del gobierno chileno con representantes de la mayoría parlamentaria para acordar las reformas al sistema privado de pensiones que se presentarán al Congreso. La presidente Michelle Bachelet, al dar a conocer sus propuestas la semana pasada, declaró que no pretende volver a un sistema de reparto (como es el de la ONP entre nosotros), sino mejorar el sistema de capitalización individual. La central sindical ha anunciado que no apoyará sus propuestas precisamente por eso. Pero ha insistido también la señora Bachelet con la creación de una AFP estatal –siempre una mala idea, en opinión de este librecambista–, que con el tiempo podría metamorfosearse en un nuevo Seguro Social, sobre todo porque otra de sus propuestas, tal vez la principal, podría terminar causando mayor descontento.

Nos estamos refiriendo a la contribución al fondo de pensiones, que subiría del 10% al 15%. “Con cargo al empleador”, ha dicho. Naturalmente. ¿Qué político se animaría a decir lo contrario? Los trabajadores son muchos y van a las marchas; los empleadores, que son menos, no van.

Quizás en lo inmediato sean, en efecto, los empleadores quienes asuman el aumento en la contribución. Pero a la larga el costo se reparte entre unos y otros en proporciones que no dependen de la voluntad del gobierno ni de lo que diga la ley, sino de la dinámica del mercado laboral. Los trabajadores, inevitablemente, pagarán una parte.

El punto fundamental es que la contribución al fondo de pensiones tiene que hacerse un sitio entre lo que paga el empleador y lo que recibe el trabajador. Si la contribución es de 10%, el empleador paga 1,000 pesos y el trabajador se lleva a la casa 900. Si la contribución sube a 15%, la distancia se hace mayor.

Inicialmente el empleador asume un costo adicional, como manda la ley. Debe pagar 1,060 para que el trabajador siga llevándose 900. Pero poco a poco el mercado se ajusta. A ese costo no se puede seguir contratando más gente. A los nuevos trabajadores, entre ellos los jóvenes que recién comienzan su vida laboral, se les ofrece 1,030, digamos, o 1,040, que luego de deducirse el aporte al fondo de pensiones se convierten en menos de 900. No faltarán quienes acepten el trabajo aun en esas condiciones.

Pero no son solamente los nuevos trabajadores los que tendrán menos plata en la mano. Los demás sentirán el impacto más adelante, cuando vean que sus sueldos no crecen a la misma velocidad con la que la acumulación de experiencias y conocimientos acrecientan sus habilidades productivas. Las primeras ganancias de productividad servirán para compensar ese aumento de la contribución que el gobierno puso nominalmente sobre los hombros de los empleadores.

Dentro de cinco años, a ningún chileno le importará que el aumento de la contribución lo hayan “pagado” los empleadores. Solamente le interesará que el 15% de su sueldo no llega a sus bolsillos.

Deberíamos ir nosotros, más bien, en sentido contrario. Ahora que está permitido retirar hasta el 25% del saldo acumulado para comprar una vivienda o amortizar un préstamo hipotecario, ¿por qué mejor no reducimos en esa misma proporción el aporte obligatorio al fondo de pensiones, bajándolo del 10% al 7.5% del sueldo? Sería como generalizar el retiro voluntario. Con eso todavía es posible darle a la gente una buena pensión.