Se viene la legalización, por Ian Vásquez

El miércoles fue un día histórico. La Corte Suprema de México falló a favor del derecho de consumir, transportar y cultivar la marihuana. Y en Canadá asumió el poder Justin Trudeau, primer ministro cuya plataforma electoral incluyó la promesa de legalizar la marihuana. 

El fallo en México –el segundo mayor productor de marihuana en el mundo– se enfocó en la libertad de los individuos: “La forma en la que un individuo desea recrearse pertenece a su esfera más íntima y privada, ya que solo él puede decidir de qué manera quiere vivir su vida”. Y si bien el veredicto aplica solo a los demandantes del caso, será difícil en el futuro negarle los mismos derechos a otros mexicanos. Es cuestión de tiempo antes de que se legalice esta droga de manera generalizada.

Al priorizar “el libre desarrollo de la personalidad”, los magistrados tomaron en cuenta si la ley vigente protege la salud y el orden público. Citando la literatura científica, descartaron una serie de razonamientos que se usan para justificar la prohibición. Resaltaron lo siguiente: la marihuana puede dañar la salud, pero sus efectos son menores o parecidos a sustancias legales; la prohibición no disuade el consumo; la dependencia de la marihuana es menor que la que produce el alcohol; hay poca o cero evidencia de que esta droga lleve al uso de otras drogas; “el consumo de marihuana no incentiva la comisión de otros delitos”.

En Canadá, donde una encuesta reciente muestra que la mayoría favorece legalizar la marihuana, el partido de Trudeau sostiene que la prohibición ha fracasado, no desalienta el consumo, y que beneficia al crimen organizado. 

Estamos a puertas de un cambio sustancial en la política internacional de las drogas. Los últimos acontecimientos forman parte de la tendencia en las Américas que cuestiona la guerra contra las drogas, y que incluye que Washington DC y 25 estados en Estados Unidos han legalizado el uso médico o el consumo lúdico de la marihuana, para no hablar de la legalización en Uruguay. Es cada vez más difícil justificar las políticas antidrogas en países productores cuando Norteamérica se mueve en la dirección opuesta. Si legalizan Canadá, país aliado a EE.UU. y una de las democracias de mercado más importantes del mundo, será un golpe significativo al régimen prohibicionista internacional, del que no se recuperará.

Abrirá, además, las puertas a la eventual legalización de las drogas más duras. Después de todo, la mayoría de los argumentos a favor de legalizar la marihuana –que priorizan la libertad del individuo y citan los efectos nocivos de su prohibición– son igualmente válidos, más aún en los casos de la cocaína, la heroína y otras drogas. Su ilegalidad causa daños enormes a la salud pública, por encima de lo que es el caso con la marihuana. Y su prohibición estimula la corrupción, la violencia y el debilitamiento de las instituciones democráticas en los países productores a mayor escala.

Ante estos cambios, la experiencia de Portugal, país que descriminalizó el consumo de todas las drogas ilícitas en el 2001, puede aplacar en algo las inquietudes de quienes temen lo que está en el horizonte. Allí el uso de drogas es parecido a otras partes de Europa, sin que se haya disparado luego de la despenalización; el abuso de ciertas drogas, los casos de sida y las muertes debido a los opios han caído; y el tratamiento al abuso de drogas ha aumentado significativamente ahora que no es un tema tabú.

No hay que temer ese futuro. Ante un caso semejante al de México, ¿estaría dispuesto el Tribunal Constitucional del Perú a defender la libertad de los peruanos de la misma manera?