Diana Seminario

Analista política

El discurso anticorrupción de hace agua cada vez que las sospechas alcanzan a alguien de su confianza. Ya vimos su reacción ante la información de que César Villanueva –su ex primer ministro y coordinador de la moción de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski– recibió dinero de Odebrecht. El último protegido de Vizcarra Cornejo fue el ministro de Desarrollo e Inclusión Social,, sindicado de haber recomendado a la madre de su hijo para que trabaje en la Comisión de Ética del Congreso.

En conversación con este Diario, Vizcarra respondió sobre el caso de Meléndez alegando: “No hay ninguna denuncia formal. Nosotros somos muy drásticos cuando hay una denuncia que tenga algún sustento. Hasta ahora, no vemos que haya el sustento correspondiente”, respondió.

Fácil es echar mano al formalismo de decir que “no hay denuncia”. Y cómo la va a haber si la Comisión de Ética del Congreso –donde correspondería investigar a Meléndez en primera instancia– ha sido disuelta junto con el Parlamento. ¿Quién podría denunciar al ahora ministro Meléndez? No subestime nuestra inteligencia, ingeniero.

Janet Sánchez, quien hasta el 30 de setiembre era la presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, ha asegurado que Meléndez sí recomendó a su expareja.

Si bien anoche se supo de la renuncia de Meléndez al Midis, eso no borra de modo alguno las declaraciones del mandatario.

Vizcarra no solo acude a la indignación selectiva, sino que afirma que –por ejemplo– en el caso del exministro Salvador Heresi, retirado del Gabinete tras la difusión de un inocuo audio con César Hinostroza, sí había una denuncia formal.

Recordemos que el año pasado Heresi fue “renunciado” vía Twitter tras la difusión de una conversación suya con Hinostroza. Lo cierto es que el Ministerio Público no abrió investigación alguna a Heresi por no haber mérito.

Así, mientras Vizcarra tiene varas distintas para medir la corrupción, su primer ministro lanza groseras amenazas a los miembros de la Comisión Permanente del Congreso, sin que a nadie se le mueva una ceja.

Según Zeballos, la decisión de la Comisión Permanente de aprobar la elaboración de un informe legal externo sobre las atribuciones de esta instancia del Legislativo, específicamente sobre la reactivación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es un tema delicado.

“Porque es un exceso de atribuciones y podría generar no solamente responsabilidades de índole administrativa, sino responsabilidades hasta de orden penal”, dice el primer ministro.

Zeballos amenaza con cárcel a los miembros de la Comisión Permanente que buscan cumplir las funciones y no ser una mesa de partes o un elemento que sirva para calmar la conciencia del Ejecutivo.

En el universo de la dupla Vizcarra-Zeballos, que la Comisión Permanente busque cumplir a cabalidad sus funciones es un exceso de atribuciones que merecería incluso la cárcel, pero que un ministro que en su calidad de congresista influyó para que contraten a su expareja, es un asunto que hay que tolerar porque no hay “denuncia formal”.

Sin Congreso que fiscalice, Vizcarra y sus amigos podrán seguir usando el término “anticorrupción” para su conveniencia, sin medir que de tanto usarlo terminará por romperse.

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