Antichavismo en el Perú, por Carlos Meléndez

Al menos entre los limeños no existe discusión sobre si el gobierno actual de Venezuela es una democracia o una dictadura. Según una encuesta de Ipsos realizada en marzo de este año, el 83% de capitalinos considera que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura. Solo el 3% lo encuentra democrático (el porcentaje restante no precisa respuesta). Si algún aspirante a la presidencia –como Verónika Mendoza– duda en pronunciarse sobre el tipo de régimen venezolano o refiere que en el país llanero “se han dado procesos electorales democráticos”, sucumbirá a los costos de una posición marginal.

Mendoza tiene razón en que el régimen político venezolano no debería ser un eje central en el debate electoral peruano. Pero un país mayoritariamente de derecha, como el nuestro, requiere combatir a sus fantasmas. No se trata solamente de poderes fácticos azuzando el cuco del chavismo, sino de los legados –en nuestra sociedad– del radicalismo de una izquierda violentista (Sendero Luminoso), las durezas del modelo estatista de la administración económica (García 1985-1990) y el abuso e impunidad del autoritarismo populista (Fujimori 1990-2000). El chavismo –para gran parte de los peruanos– representa todo ese pasado horripilante que no queremos de vuelta.

El Apra y el fujimorismo intentan enmendar esa perversa asociación. De hecho, han sido protagonistas en el activismo internacional denunciando la represión del gobierno de Maduro contra sus opositores. Ello se percibe en diversas encuestas. Según cálculos realizados para Quipupolitik por Arturo Maldonado y quien suscribe, la probabilidad de considerar a Venezuela una dictadura aumenta diez puntos porcentuales entre quienes aprueban a García y disminuye cinco entre quienes respaldan a Humala. En el Perú, las fuerzas políticas que mejor representan el antichavismo son el Apra y el fujimorismo, aunque originariamente hayan compartido elementos en su dimensión económica o política, respectivamente. Precisamente de ahí la insistencia –de García, desde la campaña del 2006– por deslindarse y oponerse militantemente a un modelo político –a ojos de las mayorías– perjudicial e indeseado.

En la izquierda pasa lo contrario. Hasta parecería que asume la impopularidad con orgullo, basada en una interpretación equivocada del “principismo”. ¿Se puede ser de izquierda pasando por alto los abusos a los derechos humanos de parte de un régimen enemigo del pluralismo democrático? Mientras los protagonistas de la izquierda peruana no zanjen con el autoritarismo chavista, seguirán asociados a la caduca estrategia política que legitima la violencia. No basta con la representación participativa de las clases populares (que promueve el chavismo) para justificar el abuso del poder. (Ni siquiera porque parte de la derecha venezolana también haya optado por la vía golpista). 

Sé que en Perú está de moda aconsejar –simplistamente– el parricidio político. Pero no se trata de eliminar al experimentado cuadro político de la escena, sino a la idea desfasada que nos devuelve a la década pérdida de los ochenta. Hoy, Alan García y Keiko Fujimori son los más conscientes de la necesidad de borrar las huellas perniciosas de sus pasados; en cambio, parte de la izquierda parecería no moverse de su viejo sendero. Al Apra y al fujimorismo se les exige mea culpas, ¿y a la izquierda?