"Hay una gran presión de sectores que se sienten discriminados por razones de raza y clase en el trato que les da el Gobierno y la justicia". (Foto: El Comercio)
"Hay una gran presión de sectores que se sienten discriminados por razones de raza y clase en el trato que les da el Gobierno y la justicia". (Foto: El Comercio)
Fernando Vivas

Columnista, cronista y redactor

fvivas@comercio.com.pe

Les propongo en esta coyuntura sacar a la superficie una lectura social, subterránea, telúrica, de lo que nos está pasando: hay una gran presión de sectores que se sienten discriminados por razones de raza y clase en el trato que les da el Gobierno y la justicia; en una palabra, el sistema. Y encuentran en el fujimorismo una representación política influyente.

No se escandalicen, amigos caviares. Esta teoría tiene sus bemoles. Engancha a muchos, me incluyo, cuando reclama que la fiscalía investigue a Graña y Montero (GyM); pero no en el otro extremo, en que Keiko y son víctimas de persecución. O sea, que hay ‘blanco con vara’ intocable en la lucha anticorrupción, mientras –aquí está el quid de la perversa instrumentalización de los sentimientos de discriminación– al ‘cholo con plata’, Joaquín Ramírez, se le reabren investigaciones que estaban archivadas.

A ver, a ver. Es cierto que al Ministerio Público (MP) de Pablo Sánchez le resulta más fácil investigar a políticos odiados por medio país que a empresarios encopetados. Así es el Perú y el MP no lo va a cambiar de la noche a la mañana. Pero tiene que bregar hacia el cambio y, por eso, al responder a los argumentos de la denuncia constitucional (excesiva y siniestra en mi opinión) de Fuerza Popular contra Sánchez, ha aclarado que sí investiga a GyM, dentro de los procesos reservados de corroboración de lo dicho por colaboradores eficaces.

Del otro lado del espectro también hay manipulación política. He oído a fujimoristas argumentando que Joaquín Ramírez es víctima de la inquina antifujimorista y del prejuicio de que todo ‘cholo con plata’ es sospechoso de corrupción. Como combato esos prejuicios discriminadores, me di el trabajo de leer la resolución de 230 páginas con la cual la fiscal Sara Vidal archivó su investigación contra Ramírez. Y me di con la sorpresa de que más de 200 páginas son un inocuo listado de diligencias, y lo demás un sustento argumental francamente pobre, que no llega a dilucidar los cuestionamientos al súbito florecimiento comercial de algunos negocios del grupo Ramírez.

Faltaba, además, en la resolución de Vidal una corroboración crucial. Aún no sabemos si la Drug Enforcement Administration (DEA) investiga o no a Ramírez (solo sabemos que, según comunicado en plena campaña del 2016, no investiga a Keiko). Vidal dice que preguntó a la DEA pero no obtuvo respuesta. Pues, ahora, el fiscal Wilson Salazar, que verá el caso reabierto, deberá insistir en obtener esa respuesta crucial. Y si los gringos lo ignoran, pues que Sánchez insista al más alto nivel. Y dejémonos de usar el combustible tema de la discriminación para maniobras políticas.