Petroaudios: Fiscalía pide 7 años de prisión para Rómulo León
Petroaudios: Fiscalía pide 7 años de prisión para Rómulo León
Marco Sifuentes

La próxima semana, el 15 de agosto, se cumplirán diez años del terremoto de Pisco. Gracias a la proverbial insensibilidad de Rafael Rey recordamos su magnitud: 7.9. Pronto, gracias a los recuentos periodísticos, recordaremos la cantidad de víctimas: 595. Esta semana, gracias a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por Josué Pariona, recordé cómo los buitres no vieron víctimas ni destrucción, sino una oportunidad para el faenón.

Revivamos el origen secreto del caso : Dos meses después del terremoto, el gobierno aprista eliminó los aranceles al cemento importado. ¿Qué? Que el cemento que se producía en Perú no era suficiente para “la reconstrucción”. Ergo, había que traerlo, baratito, del extranjero.

Las investigaciones periodísticas demostraron que la principal beneficiada fue la poderosa cementera mexicana Cemex. ¿Quién era el ministro de Vivienda? Hernán Garrido Lecca, que también había estado detrás de la incursión del Banco Azteca, y otros negocios mexicanos, en el Perú.

La competencia local –entre los que se encontraba la cementera del grupo Gloria– saltó como si les hubieran dado leche que no es leche. Según declaró Giselle Giannotti, testigo del caso, allí es cuando entra en escena la famosa BTR, a la que se le da un encarguito muy especial: chuponear a la cementera mexicana y a todos los vinculados a ellos.

Así fue como llegaron a Garrido Lecca, y por él, a Fortunato Canaán. El empresario dominicano tenía varios intereses en Perú: uno de ellos era construir hospitales en la zona devastada por el terremoto. Para entonces, Garrido Lecca ya era Ministro de Salud.

Escuchando a Canaán, BTR llegó a Rómulo, ‘Don Bieto’ y el resto de alegres tacaños que preferían llamarse usando el barato pero inseguro teléfono fijo, lo que los convirtió en el blanco favorito de los chuponeadores. Que el caso se llame “petro”-audios es solo producto de esta carambola. En realidad, las ondas sísmicas de esta red se extendían por los más diversos rubros (patrulleros, carreteras, juicios).

Luego de que reventara el escándalo, a los chuponeadores se les incautaron 29 CPU, 3 laptops, 26 discos duros, 246 diskettes (era el 2008), 632 CD y 25 USB. Para que se hagan una idea: solo en un USB habían 199 audios. Podríamos estar hablando de decenas de miles de audios que jamás se escucharon.

En el 2009, junto con Pablo O’Brian, subimos 86 audios a Wikileaks. Estos, y los presentados originalmente por Cuarto Poder, son los únicos que los peruanos hemos podido escuchar. En el 2010, alguien borró 592 archivos (entre audios y correos) de la computadora de la jueza. En el 2012, desaparecieron cuatro cuadernillos del expediente. En el 2015, solo un 40% de habitantes de Pisco había podido recuperar sus viviendas. En el 2016, regresó a la zona y se ufanó de que no hubiera “ninguna persona sancionada” de su gobierno, por la corrupción de la “reconstrucción”. En el 2017 –una semana antes del décimo aniversario de la devastación–, la justicia peruana, en última instancia, dejó impune el mal llamado caso Petroaudios. En el Perú, todo desastre natural tiene una secuela moral igual de devastadora.