El Congreso convocó para el próximo lunes 30 de setiembre a sesión para elegir a los nuevos miembros del TC. (Foto: GEC).
El Congreso convocó para el próximo lunes 30 de setiembre a sesión para elegir a los nuevos miembros del TC. (Foto: GEC).
Fernando Vivas

Columnistas, cronista y redactor

fvivas@comercio.com.pe

Seré simplón y directo. No me gusta la idea de que este elija a los 6 miembros del que ya cumplieron el plazo de 5 años en el cargo que les corresponde. Su afán en hacerlo es constitucional y legal, pero carece de legitimidad política para hacerlo porque atraviesa una seria crisis de representación. Más adelante la explico.

En primer lugar, este TC, dado el caos judicial y la unicameralidad parlamentaria, se ha convertido en una suerte de cuarta y última instancia judicial y en un Senado republicano. O sea, es el tribunal al que eventualmente llegarán las principales controversias judicializadas del país, desde el matrimonio igualitario hasta la interpretación de una ley que trabe un megaproyecto.

Por todo eso, el Congreso que renueve tan altísimo plantel tiene que encarnar la pluralidad de miradas conservadoras y liberales sobre la ley y la vida. Demográficamente somos un país con mayoría joven, con ‘nativos de la diversidad’ que no pueden, pues, poner la interpretación de sus derechos humanos en manos de un TC próximo al conservadurismo que una década atrás hizo algo tan retrógrado como prohibir la distribución gratuita de la píldora del día siguiente.

Bastaría que en la elección programada para el próximo lunes se elijan dos o tres nuevos miembros presumiblemente conservadores que reemplacen a Marianella Ledesma o Eloy Espinoza, presumiblemente los más liberales del lote, y ¡zas!, tendríamos un TC desfasado y elegido por un Congreso con una tremenda crisis de representación, que ha implosionado en 12 bancadas. Para poner un solo ejemplo del cambalache: su actual presidente, , aliado del conservador fujimorismo, salió de las filas del liberal ‘ppkausismo’.

A varios de mis colegas les preocupa la incidencia que un TC con nuevas fichas pudiera tener en casos apremiantes relacionados a políticos presos y al Lava Jato local. Incluso el acuerdo con Odebrecht y la armazón normativa de las colaboraciones eficaces podría pasar por allí, de modo tal que la cercanía de los miembros con alguno u otro actor de las controversias se volvería crucial.

No solo comparto esas preocupaciones y sospechas de mis colegas respecto al apuro de Olaechea y sus aliados, sino que me alarma sobremanera lo que un TC de mayoría conservadora pudiera implicar para un país de modernidad embalsada como el Perú. Ni siquiera hay alguna forma de reconocimiento legal a las uniones homosexuales de hecho y la educación sexual en los colegios es blanco de objeciones religiosas. Necesitamos magistrados ecuánimes y abiertos a las últimas teorías del derecho. No se apuren.