“La vinculación entre reforma política y descentralización, sin embargo, se perdió en el camino”. (Ilustración: Víctor Aguilar/El Comercio)
“La vinculación entre reforma política y descentralización, sin embargo, se perdió en el camino”. (Ilustración: Víctor Aguilar/El Comercio)
Carlos Meléndez

Este lunes entramos a un nuevo capítulo de la serie con más episodios fallidos de la institucionalidad peruana: la reforma política. Esta temporada cuenta con el protagonismo de una comisión de alto nivel, designada por la Presidencia de la República. Tras dos meses de trabajo de gabinete, la comisión presentará sus propuestas legislativas. ¿Qué podemos esperar de esta saga para que no se convierta en una nueva frustración para la audiencia?

Como nunca antes, esta iniciativa ha contado con el apoyo político de un presidente popular y con un Congreso sin capacidad de oposición. Todos los vientos han favorecido un trabajo sin apuros. Sin embargo, una reforma sustantiva y exitosa debe componerse de tres elementos: narrativa política, propuesta de instituciones funcionales y legitimidad social. En esta columna me referiré a los dos primeros.

La primera fase de la reforma –las propuestas llevadas a referéndum– tenía una narrativa política: “Fomentar la igualdad de participación de mujeres y hombres, y de las regiones”. Ello sobrepasaba el nivel discursivo al proponer –coherentemente– cambios ambiciosos, como la paridad absoluta en las candidaturas congresales y un nuevo “distritaje” para la elección congresal. El primer ministro César Villanueva fue su portavoz político, y el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, uno de sus principales defensores públicos. (Trabajé con ellos en dicha tarea). La vinculación entre reforma política y descentralización, sin embargo, se perdió en el camino. ¿Retomará la segunda fase lo avanzado o harán “borrón y cuenta nueva”? Esto último contradeciría al propio Ejecutivo.

La primera fase, aunque con una poderosa narrativa política, se fundó en cambios institucionales desafortunados. La prohibición de la reelección parlamentaria fue una medida populista y contrarreformista. Le hizo muy bien a la popularidad de Vizcarra, pero mucho daño a la institucionalidad política. Salvo que la comisión revierta estos avances, cualquier proyecto de reforma se creará sobre arenas movedizas. Es lamentable, pues, que el presidente claudicara en sus originales propuestas de modificar los distritos electorales, instituir la paridad de género y el retorno a la bicameralidad. Tal vez la comisión pueda desatar el nudo, mas ello implicaría revertir las nocivas instituciones establecidas por el referéndum. Si la comisión opta por ignorar el perjuicio de la prohibición de reelección y la imperiosa necesidad de un nuevo “distritaje”, terminaría legitimando los errores de la fase primera. Esperemos el desenlace.

A los miembros de la comisión injustamente imputados por mí (en mi columna del 5 de enero) en una generalización sobre sueldos y favores, les extiendo mis sinceras disculpas. La mayoría son dignos y respetables profesionales. Lamentable es, empero, la notable excepción de Fernando Tuesta. Una sencilla revisión en el portal de transparencia del Estado Peruano expone su trayectoria de conflictos de interés. Incurre, recurrentemente, en la falta ética de opinar, escribir y pontificar públicamente, sin transparentar sus contratos con el Estado. Más grave aun es que sostiene servicios vigentes, usufructuando de los erarios públicos, cuando ostenta tamaña responsabilidad (que por demás se entiende que es ad honórem).