En menos de dos años, la bancada de Fuerza Popular sufrió la renuncia de 14 de sus integrantes. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)
En menos de dos años, la bancada de Fuerza Popular sufrió la renuncia de 14 de sus integrantes. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)
Pedro Tenorio

Analista político

Desde hace una semana el Perú asiste asqueado a la confirmación de una sospecha mayoritaria sobre cómo se administra justicia en el país. La noticia ha marcado un antes y un después respecto a lo que deben hacer las autoridades políticas para evitar que estos hechos queden impunes generando las condiciones y garantías para que no vuelvan a ocurrir. La tarea, que no será sencilla, pone a prueba al Poder Ejecutivo y al Congreso. El presidente supo reaccionar, tomando iniciativas para proponer una reforma (que anunciará el 28 de julio) y sancionando a quienes en su entorno pudieron verse, de algún modo, tocados por el escándalo. Sin embargo, el Congreso se ha mostrado arisco, distante y hasta “ciego” –o mirando en otra dirección– ante la miseria moral de los audios propalados por la prensa.

De ahí que el fujimorismo se haya visto en la necesidad de empezar a cambiar su posición inicial en el tema durante las últimas 24 horas. Así, perdió la oportunidad de ponerse desde un inicio al frente, junto con el presidente Vizcarra, en el impulso de una reforma exigida por la mayoría. Fuerza Popular (FP) prefirió caer en el recurso fácil de “caviarizar” el tema, con voceros dedicados a fustigar a los periodistas que publicaban los audios y exigiendo conocer sus fuentes. Se atacó al mensajero antes que a la corrupción que era puesta en evidencia.

Para los adversarios de FP esta actitud probaba su cercanía con quienes controlan al y otros espacios claves de la judicatura. Aún es temprano para saberlo con certeza. Sin embargo, Keiko erró al seguir el libreto que sus asesores diseñaron. La salida de Héctor Becerril de tres comisiones importantes y su aparente involucramiento con temas muy sensibles al interior del CNM (que Becerril niega, pero serán investigados) confirman que el terreno era muy inestable y que FP debió mostrarse desde un inicio a favor del cambio. El fujimorismo debe apoyar la reforma: plantear alternativas, si las tiene, pero no entramparla.

En este panorama resulta inexplicable la posición del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez: su credibilidad está en emergencia, pero él pretende declarar –y liderar– a su institución durante esta emergencia. ¡No puede consigo mismo y cree que podrá con un complejo aparato en crisis por décadas! A la clase política le conviene apurar el paso y apoyar al presidente Vizcarra debatiendo una reforma que garantice a los peruanos un acceso real a la justicia. No hacerlo será suicida, políticamente hablando. Eso no quita que el fujimorismo o cualquier otro partido exponga y haga valer sus discrepancias. El tiempo corre y a la población se le acaba la paciencia.