"La campaña legislativa aún no calienta, y los candidatos necesitan banderas. La eliminación de la inmunidad parlamentaria es una de las favoritas".  (Foto: AFP/ Archivo)
"La campaña legislativa aún no calienta, y los candidatos necesitan banderas. La eliminación de la inmunidad parlamentaria es una de las favoritas". (Foto: AFP/ Archivo)
Fernando Cáceres Freyre

Director de Síntesis Consultoría

La campaña legislativa aún no calienta, y los candidatos necesitan banderas. La eliminación de la inmunidad parlamentaria es una de las favoritas.

Es fácil levantar una bandera anti-Congreso. Más todavía si es frente a un Congreso disuelto. El presidente Vizcarra lo sabe muy bien: cada vez que lo hizo cosechó muchos puntos en las encuestas. Pero esa facilidad no debe llevarnos pendularmente al extremo opuesto. Necesitamos congresistas con ciertas prerrogativas. Solo así podemos ser gobernados por un sistema político donde haya pesos y contrapesos con relación al Ejecutivo.

El debate debe ser qué prerrogativas deben seguir teniendo los parlamentarios, considerando que hoy cuentan con hasta cuatro tipos de protecciones: (i) inviolabilidad parlamentaria: no puede sancionárseles por las opiniones o votos que emitan en funciones; (ii) antejuicio político: no se les puede procesar por delitos de función sin previa autorización del Congreso; (ii) inmunidad de proceso: no se les puede procesar por delitos comunes sin previa autorización del Congreso; (iii) inmunidad de arresto: no se les puede arrestar por delitos comunes sin previa autorización del Congreso, incluyendo procesos iniciados antes y durante su mandato, y hasta delitos flagrantes.

Solo cuando entendemos todas las prerrogativas en su conjunto podemos comprender todos los vericuetos legales en los que puede escudarse indebidamente un congresista. Así, por ejemplo, Benicio Ríos (APP) postuló ya habiendo sido sentenciado por peculado doloso en primera instancia, y al ser elegido ganó inmunidad de arresto. Luego, al emitirse la sentencia de segunda instancia tampoco pudo arrestársele hasta 100 días después, porque el Congreso debía enviar un documento que así lo autorizara; nuevamente, gracias a la inmunidad de arresto.

En la misma línea, el caso de Yesenia Ponce se dilató innecesariamente cuando se llevó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a fin de determinar si se le realizaba un antejuicio político por haber realizado un delito de función. ¿En serio alguien cree que pagar al exdirector de un colegio para emitir certificados es parte de sus funciones?

Todos estos vericuetos legales deben ser revisados para no usarse como salvavidas de delitos. Pero eso no debe llevarnos a creer que la inmunidad parlamentaria no tiene una utilidad.

En mayo del 2016, el Parlamento turco de mayoría gobiernista aprobó facilitar la remoción de la inmunidad parlamentaria. Se le levantó a 150 parlamentarios opositores, varios de los cuales fueron luego acusados por delitos comunes por la fiscalía y detenidos. Un gobierno con alta influencia en el sistema de justicia y con rasgos autoritarios promovió la eliminación de la inmunidad parlamentaria para realizar persecuciones políticas a través del sistema de justicia.

Necesitamos congresistas con prerrogativas. El debate es con cuáles.