“Lamento la decisión del Colegiado B de la Sala Penal Nacional en el Caso Pativilca. Confío en que mi padre será absuelto en un juicio sin presiones políticas”, remarcó la ex candidata presidencial. (Foto: Archivo El Comercio)
“Lamento la decisión del Colegiado B de la Sala Penal Nacional en el Caso Pativilca. Confío en que mi padre será absuelto en un juicio sin presiones políticas”, remarcó la ex candidata presidencial. (Foto: Archivo El Comercio)
Pedro Tenorio

Más allá de la intención de voto presidencial de Keiko Fujimori para el 2021 –un hecho menor, pues faltan casi tres años para dichos comicios–, hay otras tareas a las que deberá abocarse si lo que desea es sacar adelante su opción política. Sin embargo, la pregunta que más interesa a esta columna no es si Keiko tendrá las habilidades para conseguirlo, sino cuánto afectará la vida de millones de peruanos mientras intenta hacerlo. Está visto que una mala relación entre el actual Congreso –controlado por el fujimorismo– y el Gobierno representaría una pésima noticia para el país. 

¿Le conviene a Keiko seguir jugando a ser la muchacha mala de esta historia? ¿Tiene otro camino, ahora que su hermano Kenji perderá terreno político inexorablemente? Por supuesto que lo tiene, pero vamos por partes: 

Respecto a la presidencia de Martín Vizcarra, el keikismo deberá mostrar un espíritu colaborativo en medio de la “pax política” inaugurada hace pocas semanas. Nadie habla de pactar un cogobierno. Keiko necesita erigirse como alternativa y no como una continuidad. Tampoco puede apostar a la caída de Vizcarra, pues fue una de las principales artífices de su llegada al poder (el otro, por sus propios yerros, fue Kuczynski). Todo ello fuera del voto de investidura al Gabinete que otorgará en breve. No habrá boicot ni guerra declarada a no ser que el Ejecutivo incurra en un episodio de corrupción intolerable. 

Respecto al Congreso, Keiko podría pasar del discurso anticorrupción a la acción: anulada la posibilidad de una bancada paralela liderada por Kenji –quien será próximamente desaforado e inhabilitado por el Parlamento–, el keikismo bien podría sancionar y retirar del Legislativo a quienes han incurrido en faltas muy graves. Lo de Yesenia Ponce es un caso flagrante, pero hay, cuando menos, media docena más. La encuesta Ipsos de esta semana revela que la lucha anticorrupción tiene mayor prioridad para la población que, incluso, la lucha contra la delincuencia. Se lo exigen al Gobierno, es cierto, pero también aplica al Congreso. 

Respecto a su apellido, tomará distancia de este último episodio de intento de compra de parlamentarios por parte de su hermano Kenji, quien pese a todo lo que se conoce del caso aparece solo un poco por debajo de su hermana en sus niveles de aprobación, según Ipsos (19% de Keiko, versus 15% de Kenji. Y en desaprobación ni se diga: 73% y 77%, respectivamente). Muy parejos para haber tenido conductas disímiles, lo que evidencia el desgaste que hoy afronta la candidata. Para ella cualquier mejora tomará tiempo, no será automática. En tanto, sus adversarios están muy lejos de cruzarse de brazos. Esas son las cartas con las que deberá iniciar una nueva partida.