Mirian Morales, ex secretaria general del Despacho Presidencial, es detenida en su departamento de Surco el pasado viernes. (Foto: Joel Alonzo/GEC).
Mirian Morales, ex secretaria general del Despacho Presidencial, es detenida en su departamento de Surco el pasado viernes. (Foto: Joel Alonzo/GEC).
Fernando Vivas

Columnistas, cronista y redactor

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La severidad en el impresiona. Las investigaciones empezaron a fines de mayo e incluían a la línea de mando entre el beneficiado (ex Swing) y los obsecuentes, por decir lo menos, funcionarios del Mincul, que le franquearon las puertas.

En cuatro meses, ese caso, sin apuros, tenía que apuntar de todos modos al presidente porque es difícil imaginar que semejante contratación no haya partido de algo distinto a un pedido expreso o sugerencia suya para que su entorno palaciego la ejecute. Aunque era sindicada en la prensa, desde un inicio, como sospechosa de haber sido el vehículo entre Palacio y el Mincul, solo fue citada como testigo. Édgar Alarcón, al mando de la Comisión de Fiscalización del Congreso, sí seguía esa pista a la que la fiscal Janny Sánchez-Porturas no parecía apuntar con el mismo apuro.

Pero el caso se aceleró dramáticamente desde el 10 setiembre, cuando Alarcón presentó en el pleno los tres audios que llevaron desestimada el 18 de setiembre. El 19 de setiembre, la fiscal incluyó en las investigaciones, ya no como testigos, sino como imputadas a Mirian Morales y , y una semana después lo hizo con . Tras pocos días de tener esa condición, los tres más cercanos colaboradores de Vizcarra están detenidos, junto a Richard Cisneros y los atribulados del Mincul.

Hay una hipótesis, que formulo luego de conversar con algunas fuentes, y que es necesario considerar para explicar la severidad de la detención preliminar permitida por el Poder Judicial. ¿Cuál es? Que Cisneros y Roca poseen información y pruebas grabadas, que comprometen a la fiscalía y a Alarcón, que no solo es enemigo jurado de Vizcarra, sino del Ministerio Público que le tiene varias cuentas. Incluso, el fiscal Marcos Villalta, sindicado por Karem Roca como el ‘fiscal corrupto’ al que Óscar Vásquez se habría ofrecido a contactar, fue el fiscal superior que ordenó proseguir la investigación contra Alarcón por lavado de activos, cuando esta había sido archivada por otro fiscal.

Cisneros, al día siguiente de propalado el largo audio de su conversación con Karem Roca y el abogado Fabio Noriega dijo, tan pomposo como nervioso, que había grabado a ambos y tenía pruebas que comprometían a Alarcón. Por todo esto, no es descabellado pensar que la fiscal Sánchez-Porturas, más allá de la trama del Mincul, haya apresurado la detención de quienes podrían aportar pruebas de una intriga que no solo apunta al Gobierno, sino al Ministerio Público. Mucho ojo a su investigación, para que sea autónoma y no incurra en conflicto de intereses, tapando, si los encuentra, pecados de sus colegas.