Rodrigo Cruz

Aquí recién estamos conociendo la trama de las constructoras en las obras públicas como consecuencia de la delación de la lobbista Karelim López en la fiscalía de lavado de activos. Pero si hay un país en la región que sabe bien el lado oscuro respecto de cómo operan estas compañías ese es . Llevan más de una década lidiando con sus consecuencias y hoy una de esas firmas protagoniza uno de los principales escándalos de corrupción. De manera que conviene observar lo que allí está pasando.

Hace unos días, conversé con el congresista Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, y me resumió lo que han visto en estos años con la siguiente frase: “El caso de las empresas chinas es peor que el Lava Jato”. Podría sonar exagerado, porque sabemos que lo sucedido con las constructoras brasileñas, en especial con Odebrecht, es considerado como uno de los más grandes casos de corrupción que se han destapado en el mundo, pero razones no le faltan al parlamentario para sostener lo que dice.

Un promedio de 48 empresas chinas desembarcó en suelo ecuatoriano desde los inicios del correísmo, allá por el 2007. Desde entonces, tienen una posición predominante en los principales recursos estratégicos de ese país. Además de ganar las principales obras civiles, también están en el negocio de la minería, la construcción de hospitales, escuelas, carreteras e hidroeléctricas, entre tantos otros, sobre la base de la alianza política entre ambos países. Pero principalmente participan en el negocio del petróleo.

De esa forma, China prácticamente tiene el control de buena parte de la economía de Ecuador. Pero eso no es todo. El país vecino tiene, además, una deuda de más de US$4.500 millones con los bancos del gigante asiático a razón de acuerdos financieros firmados, primero por la administración de Rafael Correa, y luego por la de Lenin Moreno. Una de las formas de pago es, precisamente, la venta de petróleo.

Pero regresando a la trama de corrupción, en marzo se inició un proceso penal contra el ex contralor general de ese país, Pablo Celi de la Torre, luego de que la fiscalía acreditara que recibió un soborno de US$1,3 millones de Engineering CO. LTD para que desapareciera una multa de US$22 millones de la contraloría.

Después de todas las sospechas e irregularidades denunciadas durante años, es la primera vez que en Ecuador se tiene ese nivel de certeza porque existe una constancia de que se realizó el pago a través de una empresa ‘offshore’ en EE.UU. El proceso recién está comenzando y es posible que continúen revelaciones de este tipo. Aquí, recién vamos en el capítulo inicial de esta trama.

Rodrigo Cruz Periodista