La ley de Herodes, por Fritz Du Bois

Durante décadas los alcaldes en el Perú administraron mayormente pobreza mientras que los prefectos, los CTAR u otros, que antes de la regionalización eran los encargados, nunca contaron con mayores recursos presupuestados. En esas condiciones era difícil pensar que en el interior se podría producir una cultura de la corrupción –a lo PRI de antaño–. Siempre fue el Gobierno Central la fuente de escándalos. 

Sin embargo, revisando la impresionante galería de asesinados y ‘sentenciados’ en Áncash, que titulamos “La lista del horror” y que ayer publicamos, es claro que estábamos equivocados. Más aun, durante años se ha priorizado la lucha frontal contra la corrupción en el Estado, pero al ver regiones enteras tomadas por mafias es una confirmación de que han fracasado.

Posiblemente quienes fueron los promotores en esas campañas anticorrupción tenían objetivos determinados. Por  lo que el alcance del esfuerzo fue limitado, excluyendo  algunas  regiones  con las consecuencias que hoy estamos pagando. El neutralizar enemigos ideológicos  y cancelar a potenciales candidatos opositores sería en lo que estaban interesados. En todo caso, el Estado ha dejado que algunos  gobiernos regionales  se  conviertan en feudos  donde ‘el que no transa no avanza’ y que están siendo saqueados.

Por otro lado, la combinación de fragilidad institucional con la bonanza presupuestal  de los últimos años era una receta que inevitablemente los terminaría envenenando.  Así tenemos que en la última década  las trasferencias a los gobiernos municipales y a las regiones por concepto de los diversos cánones y fondos que se han creado han, literalmente, explosionado. Se ha pasado de un total de 3 mil millones  el 2004 a 29 mil millones en el último año. Sin embargo, las instituciones que los  reciben continúan actuando con la misma  falta de transparencia y  sus  niveles  de ineficiencia  son cada vez más  altos. 

Por ello, estando a solo seis meses de las próximas elecciones  regionales y locales, sería fundamental empezar a actuar de inmediato para intentar transparentar ante el electorado quiénes son los que más han pecado, con la esperanza de que no sean retornados.

En ese contexto los casos mas dramáticos serían en primer lugar el de Álvarez en Áncash, donde al fin  parece que se han puesto las pilas en el Estado y estarían actuando.  Luego viene Cajamarca, con un gobierno ideologizado que los mantiene aislados. Incluso, envuelto en un supuesto manto  ecológico, Santos está usando fondos presupuestados para salud y educación en pagar partidarios para sus marchas contra la inversión minera. Más preocupante aun, está creando un régimen de terror de ‘justicia’  al paso al darles carta blanca a los ronderos, quienes están intimidando a la población tanto en la ciudad como en el campo.

Finalmente está el caso de Tumbes,  cuyo presidente fue condenado por terrorismo pero inexplicablemente  indultado luego de nueve años.  El caos y la violencia alrededor de su administración están convirtiendo esa  tranquila y soñolienta región en una zona liberada para el crimen organizado.

En realidad, la situación es bien alarmante ya que lo que tenemos hoy en esas tres regiones parece salido de la ley de Herodes. Felizmente  queda algo de plazo antes de las elecciones para que las autoridades actúen también en los últimos dos casos y logren resultados.