(Hugo Pérez / Archivo)
(Hugo Pérez / Archivo)
Fernando Vivas

Columnistas, cronista y redactor

fvivas@comercio.com.pe

Cuando pase todo esto, los infectólogos evaluarán cómo se esparce el virus en espacios donde nadie puede salir. Se podrá comparar por pabellones con distintos grados de hacinamiento, con infectados que tuvieron acceso a algún tratamiento o a ninguno.

Pero los presos no son ratones sino seres humanos. Nos va a pesar la indolencia con la que atendimos sus motines. Sabiendo que el sistema carcelario está sobrepoblado (alrededor del 130%) y que alrededor del 40% no tiene sentencia; los pasos a seguir no tenían que esperar tanto: descongestionar, indultando o conmutando penas a población vulnerable y mandando a su casa a presos sin condena. Por supuesto, excluyendo delitos serios y antisociales.

El Gobierno, actuando más por presión que por convicción, ha tenido iniciativas en ese sentido. El Poder Judicial ha aprobado directivas para atender con celeridad los casos. O sea, para dos poderes, descongestionar las cárceles hoy es una política pública. Para el Congreso no lo es. Le ha dado largas a los proyectos del Ejecutivo. El componente penal del populismo –ofrecer penas para posar de mano dura– no oye razones.

En buena hora salieron Susana Villarán (70), Jaime Yoshiyama (75) y Keiko Fujimori (44). Los primeros con mayores argumentos de salud y poca capacidad de obstruir la justicia; la segunda, más saludable y con muy menguada capacidad de obstrucción (una bancada pequeña y aislada).

Lo que me sorprende es el caso de Pier Figari, asesor de Keiko. Le tocaba salir el jueves 14, porque vencían sus 18 meses de preventiva, pero el fiscal José Domingo Pérez pidió el 7 que le amplíen 12 meses más. El juez Víctor Zúñiga concedió el pedido. Un argumento de Pérez recogido por Zúñiga fue que la cuarentena ha complicado las investigaciones. O sea, a contrapelo de la decisión del PJ, aquí la pandemia sirve para encerrar y no para liberar.

En el ínterin, se había ordenado la salida de Keiko y Yoshiyama. Ese hecho no podría figurar como un considerando del juez (no sería serio), pero flotaba en la sala. Y Pier Figari, cuando conoció el pedido de Pérez, se autodefinió como ‘preso político’. Zúñiga, en su resolución, dice que le preocupa “que esta definición de prisionero político sea una forma de buscar asilo político”.

Conozco a Pier Figari. He discutido mucho con él –siempre cordial y sereno– sobre el fujimorismo. Ahora mismo, quiero discutirle su autodefinición, pues no veo una política de Estado pro prisión política, sino ensañamiento de algunos jueces y fiscales. Pero no le podemos negar su derecho a llamarse y sentirse un preso político, sobre todo tras una decisión como la de Zúñiga. Ojalá la segunda instancia la corrija y sea investigado en libertad.