La norma que lleva la firma del presidente Martín Vizcarra y del primer ministro César Villanueva detalla los mecanismos e instrumentos que promueven la integridad pública. (Foto: PCM)
La norma que lleva la firma del presidente Martín Vizcarra y del primer ministro César Villanueva detalla los mecanismos e instrumentos que promueven la integridad pública. (Foto: PCM)
Pedro Tenorio

Analista político

Una cosa es hablar para darle cierta tranquilidad a los agentes económicos y al país, y otra caer en la verborrea que, más temprano que tarde, siembra la desconfianza entre políticos y ciudadanos. Le pasó a , como antes también a otros mandatarios, y a un mes de su arribo al poder estamos llegando al punto en que el presidente necesita aterrizar su mensaje abandonando progresivamente las generalidades esgrimidas hasta hoy. Así, el próximo miércoles 2 de mayo se espera que sea una fecha clave para el Ejecutivo: ese día se presenta con todos sus ministros en busca del voto de investidura del Congreso. Será el momento para traducir en cifras y estimados todas sus declaraciones hasta hoy, y cuya ejecución podremos auditar durante los próximos seis a 12 meses.

Nadie dice que sea fácil, pero será imprescindible para mantener la iniciativa y el sentido de liderazgo que harán que la presidencia de Vizcarra sea políticamente viable.

Una rápida consulta entre representantes de distintas bancadas apunta en ese sentido. Todos aguardan una ruta precisa, objetivos específicos y muy poco floro. El país requiere medidas concretas en lucha contra la corrupción, combate a la delincuencia común y, cómo no, reactivación económica. En ese sentido, las últimas declaraciones de Vizcarra ante CNN, hablando de replantear el voto preferencial o la bicameralidad, siendo importantes no atienden el sentido de urgencia de la ciudadanía y de una oposición que no quiere quedar como prooficialista. La clave para contar con una oposición leal de aquí al 2021 –que no obstaculice, aunque fiscalice y critique duramente conforme se acerquen las elecciones– dependerá principalmente de lo que el presidente y su equipo planteen en los próximos días.

Por lo pronto, el ministro de Economía, , adelantó lo que le tocaría hacer: impulsar un ‘shock’ de inversiones –tanto públicas como privadas– que podría alcanzar los S/5.000 millones en lo que resta del mandato. Para ello no solo aplicará medidas de austeridad, sino que se reorganizará Pro Inversión a fin de destrabar proyectos de infraestructura y actividades extractivas que ya deberían estar en ejecución y cuyo retraso deriva de una pésima administración burocrática. Solo este punto requerirá de acuerdos políticos y apoyo en las calles, toda una prueba de fuego. El fujimorismo tiene por delante un período de ajuste de cuentas interno (y búsqueda de una nueva estrategia para ) que lo mantendrá alejado de la primera línea de ataque, pero ni Vizcarra ni Villanueva pueden confiarse. En resumidas cuentas, llegó la hora de menos palabrería y más acción política.