(Foto: Archivo)
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Fernando Vivas

En el 2017 tuve la convicción de que PPK moriría políticamente con el Caso Chinchero, como un Boeing viejo que no levanta vuelo. Pero reventó el Caso Lava Jato y se lo llevó antes de que el Ministerio Público (MP) esbozara –como lo acaba de hacer– su hipótesis de “colusión agravada” entre funcionarios del MTC, el MEF y Ositrán para la firma de la adenda 01 al contrato de concesión firmado durante el gobierno de Humala.

PPK no está comprendido en la investigación porque, presumo, su inmunidad apantalló en ese momento al MP. Con el entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra, el asunto fue más complejo. El MP lo excluyó en un inicio, pero la procuraduría anticorrupción pidió incluirlo y así lo hizo José Domingo Pérez, entonces a cargo del caso. Un adjunto de Pérez tomó la declaración de Vizcarra y esta fue elevada, tratándose de un ministro con inmunidad, al entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien más tarde la archivó. Así está narrado en “Vizcarra, retrato de un poder en construcción”, de Rafaella León, e incluye la evocación del propio presidente.

Cuento estos detalles porque ustedes son realistas e inteligentes, e intuyen la gravedad del asunto. El Caso Chinchero ha pasado de la fase de investigación preliminar a la preparatoria, y podría aparecer información que salpique al presidente Vizcarra dando coartada al pedido de vacancia que la mayoría fujimorista busca con ansia aunque se cuida de confesarlo.

Politizar al extremo de la guerra de poderes un asunto que la fiscal Sueno lleva con prudencia sería de una irresponsabilidad mayúscula. Antes que una causal de vacancia agitada por una mayoría (auto)destructiva, aquí veo una razón más para que se vayan todos en el 2020, y eviten enervar el trabajo de la justicia. Un Congreso que busca vacar al presidente que, a su vez, busca cerrarlo ¡es insostenible!

Fuera de ese nudo monumental, debemos develar el Caso Chinchero en toda su dimensión porque desnuda otros aspectos de nuestra sociedad. Además de la presunta colusión, me impacta la normalidad con la que funcionarios, quizá sin móvil corrupto, acataron la decisión de forzar a toda costa la adenda, porque venía de un presidente y de un entorno a los que les era difícil decir que no. El propio Vizcarra manifestó sus dudas, pero reculó muy tarde. Ayudó a frustrar el inicio de las obras, pero la adenda ya había sido firmada.

La “mancha blanca” devoró la inocencia de la “cuota provinciana”. Eso tuvo un precio político que Vizcarra pagó con su exilio a Canadá. Por otro lado –vaya ironía–, le dio la independencia respecto a PPK, que los fujimoristas necesitaban para respaldar su sucesión. Señores, pacten con serenidad su salida, y dejen lo demás a la justicia.