Ilustración: Giovanni Tazza
Ilustración: Giovanni Tazza
Marco Sifuentes

“Viudas, huérfanos, padres, hijos de las víctimas, hagamos justicia. Digámoslo sin odio, sin revancha, con serenidad, con calma cristiana. ¡Dios está del lado de la justicia! ¡Cristo está del lado de los que sufren!”.

El 19 de enero del 2007, hace más de diez años, Alan García recibía con este ejemplo perfecto de demagogia a una portátil de dos mil personas que él mismo había convocado en la Plaza de Armas. ¿Para qué? Para apoyar una propuesta que había mantenido a los peruanos debatiendo desde agosto del año anterior: la pena de muerte para violadores de niños. A lo largo de seis meses de estéril discusión, la medida se amplió –luego de un ataque en el Vraem– a terroristas, y se presentó como proyecto al Congreso.

Hábilmente, García consiguió mover la atención del escándalo personal que le estalló por esos días y enfrascó al país en esta discusión bizantina. El show fue completo: todos los manifestantes decían ser víctimas, de una forma u otra, de las lacras a las que se buscaba ejecutar.

Para entonces ya todo era una pantomima. El Congreso –luego de una brillante disertación de Javier Valle Riestra– había mandado al archivo la propuesta. “Seguiré peleando, aunque sea solo, por el establecimiento de la pena capital. El Perú requiere disciplina y un gobierno firme”, dijo García, para luego olvidarse inmediatamente del asunto, no volver a mencionarlo nunca más y, con mucha disciplina y firmeza, terminar firmando indultos a mansalva. De hecho, las cuatro últimas leyes (26293, 28251, 28704 y 30076) que endurecían las penas para los violadores corresponden a los gobiernos de Fujimori, Toledo y Humala. García, cero.

La historia viene a cuento por varios motivos. El primero, para demostrar que en el Perú tropezar con la misma piedra es casi un deporte olímpico. Esto ya se discutió y su inviabilidad está demostrada hasta la saciedad.

El segundo, para desconfiar de todos los que se llenan la boca con discursos violentos que, en realidad, están vacíos. Para la mayoría de promotores de la pena de muerte, esta es un fin en sí misma. Si no, fíjense en cuántos de ellos tienen un discurso más o menos coherente, por ejemplo, sobre la violencia contra la mujer. No les interesa el problema de fondo, lo que quieren es una satisfacción ideológica.

Y, tercero, para ver si esta vez la cortina de humo no dura tanto. Insisto en que el problema real –y que se venía discutiendo hasta esta semana– es el cáncer de la cultura de la violación en el Perú. Un estudio mundial de Equality Now, de febrero de este año, pone al Perú como uno de los países con peores medidas contra la violación (penas reducidas porque se considera “delito contra la moral”, en vez de violencia; humillante paso por el médico legista; deficiente protección de denunciantes). Allí estamos, al fondo de la tabla, junto a Afganistán, Yemen y Pakistán. Ese informe es un punto de partida para ver cómo tratan el tema otros países. Basta de perder el tiempo en fantasías demagógicas, discutamos medidas realistas. Y veamos a quiénes les interesa más la ideología que la realidad.

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