"Un proyecto como el de Falconí revela tal ignorancia de las prioridades y capacidades de la gestión pública, que sería un escándalo tenerlo en la JNJ".
"Un proyecto como el de Falconí revela tal ignorancia de las prioridades y capacidades de la gestión pública, que sería un escándalo tenerlo en la JNJ".
Fernando Vivas

Columnista, cronista y redactor

fvivas@comercio.com.pe

No quiero participar de linchamientos caviares, ni de presunciones abusivas. Si y tienen llamadas registradas con Hinostroza, que las recuerden y expliquen mejor de lo que ya han hecho en sus primeras reacciones. Entre actores del derecho (Zavala fue ministra de Justicia y jueza suprema; Falconí fue congresista y postulante a varios cargos), esas llamadas pueden tener triviales explicaciones.

Que Zavala simpatice con el Apra no nos debe quitar el sueño si no hay inconductas funcionales derivadas de ello. El problema es Falconí, que ya le han pillado plagios parciales, suficiente razón para descalificarlo para un cargo tan sensible e importante como ser miembro de la . Tan importante, que tampoco debiera regalársele el plus de puntaje por haber hecho el servicio militar.

Fuera de esos cuestionamientos, voy a contarles uno que no se basa en presunción ni generalización ni registro de llamada ni duda razonable. No es un delito ni una falta administrativa, sino un despropósito de tal magnitud que, a mi parecer, lo descalifica para cualquier puesto donde tenga que evaluar a otros.

¿Qué hizo Falconí? Pues el 7 de diciembre del 2014 presentó a los miembros de su bancada Unión Regional (formada por disidentes del humalismo y el toledismo) un proyecto de ley que sanciona las faltas ortográficas en las redacciones de los diarios, semanarios y revistas. En sus tres artículos se faculta al Indecopi para que reciba denuncias de ciudadanos o actúe de oficio, poniendo multas de entre 1% y 10% de una UIT. En caso de reincidencia, las multas tomarán en cuenta el tiraje de la publicación.

El error ortográfico es un defecto inocuo y fácil de detectar, que no genera un daño a la sociedad que amerite montar un sistema de supervisión y sanción. Hay mil cosas más graves y delicadas que ello, y no han generado preocupaciones como la de Falconí, pues sería engorroso llevar tales niveles de control y punición a la vida cotidiana. El costo de ponerlo en práctica sería mayor que el supuesto bien que acarrearía. Si a alguien le parece un problema social acuciante, se puede atacar, en todo caso, con medidas educativas y fomentando el control de calidad.

Un proyecto como el de Falconí revela tal ignorancia de las prioridades y capacidades de la gestión pública, que sería un escándalo tenerlo en la JNJ. Un evaluador de jueces y fiscales no puede ostentar tal falta de juicio como para haber concebido ese proyecto. Eso sí, a los pocos días, lo retiró. No sabemos si fue en un momento de lucidez o sus colegas lo convencieron. Que se lo cuente, si no ha renunciado antes de cerrar estas líneas, a los ilustres que lo seleccionaron.