¿Qué pasó con este informe? No sabemos, pero podemos presumir que fue encarpetado, exactamente como ocurrió con el informe de la Iniciativa Nacional Anticorrupción" (Ilustración: Giovanni Tazza)
¿Qué pasó con este informe? No sabemos, pero podemos presumir que fue encarpetado, exactamente como ocurrió con el informe de la Iniciativa Nacional Anticorrupción" (Ilustración: Giovanni Tazza)
Pedro Tenorio

Analista político

Observando el actual escenario político una pregunta se cae de madura: ¿podrá salir algo positivo del escándalo de corrupción más grave de los últimos 17 años?

Quisiera creer que sí. El Lava Jato a la peruana que nos sacude desde diciembre pasado representa un crucial desafío para partidos y líderes políticos a cuatro años del bicentenario. Sin embargo, si recordamos la corrupción de los años 90, expuesta e investigada a partir del 2000, parecería que fue muy poco lo aprendido. ¿Se repetirá la historia, será esta una nueva oportunidad perdida?

Fiscales y jueces, junto con una sociedad civil en estado de alerta, deberán procesar y castigar la corrupción de Odebrecht, OAS y compañía que estamos descubriendo (y en algunos casos confirmando) en estos meses. Pero ¿qué les queda a los partidos y sus líderes salpicados por el escándalo? ¿Tendremos la estabilidad suficiente para garantizar un crecimiento económico cuyos resultados atiendan las necesidades de millones de compatriotas o naufragaremos en medio de la parálisis? La respuesta la tienen los propios partidos y sus voceros, hoy empeñados en parecer ‘el menos corrupto’ del barrio. Una vía suicida, pues no responde a las expectativas de una opinión pública harta con los enjuagues que venimos observando en los últimos años.

La corrupción política nos repugna, sí claro, pero mientras admitamos la entrega de dádivas en campañas electorales (polos, tápers o “becas de estudio”, entre las más visibles) el dinero ilícito continuará fluyendo. No importa que ahora se castigue la reincidencia. Condenamos las coimas, pero mientras persistan los “donativos” debajo de la mesa sin sanción efectiva –¡solo es administrativa!– seguiremos expuestos. Urge una reforma electoral de verdad, que impida el carrusel millonario que tanto daño le hace al sistema. Lo peor podría estar aún por venir si se observa que en el 2018 nos espera un complejo proceso municipal y regional en todo el país.

Gobierno y oposición ganan muy poco despellejándose mutuamente. Ganarán en la medida en que legislen reglas de actuación política que los alejen de la dependencia del dinero de origen incierto, como hasta ahora. Y se fortalecerán si formulan de manera conjunta una estrategia anticorrupción efectiva, que anticipe tanto como sancione, porque una vez perpetrado el delito la población tiende a creer que “todos son iguales”, favoreciendo el oportunismo de quienes proclamen: “¡Que se vayan todos!”. Según GFK, 32% entre la población más pobre del país quiere ver presos a los corruptos. ¡Tantos como los que exigen más puestos de trabajo y más obras públicas! Ser parte de la solución es una tarea urgente para este Congreso. No parece ser su prioridad. No se cieguen.