(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Fernando Cáceres Freyre

Este mes los contribuyentes debemos declarar la renta 2018. La oportunidad es propicia para contar una historia (más) de injusticia tributaria.

He contado antes cómo el Tribunal Fiscal (TF) del MEF no hace caso a sentencias de la Corte Suprema ni siquiera cuando estas establecen reglas vinculantes respecto de tributos que administra la Sunat.

La novedad del siguiente caso es que esta actitud también ocurre en el Tribunal Fiscal sobre tributos que administran las municipalidades.

En el 2004, la defensoría demandó a la Municipalidad de Surco frente al Tribunal Constitucional (TC) por calcular el arbitrio de parques y jardines en función del tamaño de los inmuebles. El TC resolvió que ese criterio era irrelevante para el servicio prestado, y que debía calcularse con base en la cercanía de los inmuebles respecto de los parques y jardines municipales. A lo cual agregó que esa regla era vinculante.

La Municipalidad de Surco y varias otras se sentaron en lo resuelto por el TC, y volvieron a cobrar arbitrios de parques y jardines basados en el tamaño de los inmuebles en el 2012, 13 y 14 (y siguen hasta hoy).

Los vecinos de Surco no se quedaron callados, y demandaron a la municipalidad frente al Tribunal Fiscal. Pero este echó mano de una leguleyada para evitar tener que pronunciarse. En corto, dijo que no le tocaba analizar la constitucionalidad de las ordenanzas, cuando lo único que se le estaba pidiendo era verificar si las ordenanzas respetaban los parámetros establecidos por el TC, que tienen fuerza de ley.

Los vecinos de este distrito no se quedaron quietos. Varios acudieron al Poder Judicial a cuestionar la resolución del TF. En segunda instancia se les viene dando la razón, y el TF está viéndose obligado a tener que aceptar la invalidez del cobro de los arbitrios para los años 2012, 13 y 14. Así ha ocurrido en el caso del contribuyente Ricardo Rendón.

¿Devolverá Surco los arbitrios ilegalmente cobrados? ¿Y qué hará en el caso de los cobros ilegales de vecinos que no han demandado? ¿Qué hará el resto de las municipalidades que han cobrado arbitrios igual de ilegales? ¿Y qué espera el TC para hacer cumplir su sentencia del 2004?

Es penoso decirlo, pero veo un patrón en el TF del MEF. Este hace cuanto puede para no cumplir con lo que resuelven la Corte Suprema y el TC, aun cuando estos hayan establecido reglas vinculantes.

Ahora que tenemos un premier consciente de la necesidad de avanzar con la reforma de justicia, pero a la vez de la falta de “aplicación efectiva de la ley”, bien haría el gobierno en buscar alguna fórmula legal que evite que el TF, así como la Sunat y las municipalidades, sigan anteponiendo fines recaudatorios al acceso a la justicia.