La idea que existe tras la protección constitucional al presidente de la República en materia de acusaciones de diversa naturaleza es que los problemas en los que pueda estar enredado el individuo que ocasionalmente ejerce ese cargo no alcancen al gobierno. Paradójicamente, sin embargo, el apuro por el que pasa en estos días el actual jefe de Estado tiene a los miembros del gabinete en una competencia loca por ver quién incurre en la necedad más aparatosa para hacerle creer a la gente que todo es una confabulación.
Para tratar de producir esa ilusión, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, se internó recientemente en la dimensión desubicada. O, si se quiere, en un terreno minado del que todavía no consigue salir.
El domingo pasado, en efecto, durante una entrevista televisiva, el premier merodeó inicialmente la tesis conspirativa para luego, ante una pregunta sobre el “pensamiento” de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) acerca de la situación que plantea la nueva iniciativa de vacancia que impulsa un sector del Congreso, pronunciar una arenga con la que pasará a la historia.
Primero vino la parte teórica. “[Las FF.AA.] están para hacer respetar la Constitución, las leyes y el Estado de derecho; esa es su función de las FF.AA. también: hacer respetar el Estado de derecho”, dijo. Y después, le entró ya de lleno a la amenaza. “Y no se va a permitir que se rompa el Estado de derecho, con tanta necesidad que hay en la gente. En este momento, faltando cinco meses para las elecciones, realmente es una cosa de locos el estar pensando en cambiar un presidente”, fue exactamente lo que declaró.
Y por más que lo haya intentado en los días subsiguientes, el sentido de sus palabras no tiene forma de ser maquillado.
–La delgada línea verde–
A través de documentos circulados por la PCM y en entrevistas al paso, Martos, efectivamente, ha tratado de sostener esta semana que el discursito que se echó en la entrevista no guardaba relación con la moción de vacancia que debe considerar pronto el Parlamento y que en ningún momento sugirió que la interpretación de lo que se ajusta o no a la Constitución pudiera corresponderles a las FF.AA.. Sus declaraciones, ha afirmado, fueron “malinterpretadas maliciosamente”.
Lo cierto, sin embargo, es que no hay manera de malinterpretar su mensaje. En primer lugar, les atribuyó a las FF.AA. funciones que no les tocan, como la de “hacer respetar el Estado de derecho”. La Constitución, como sabe, les asigna solo la función de “garantizar la independencia, la soberanía y la integridad del territorio de la República”. No la de ser una especie de Tribunal Constitucional armado.
En segundo término, es innegable que advirtió que, si tal cosa ocurriese, ellas intervendrían. ¿A quién, si no, podría estar aludiendo con la sentencia: “Y no se va a permitir que se rompa el Estado de derecho”? ¿Al serenazgo?
Y por último, por si la pregunta que antecedió a su perorata no hubiese marcado un contexto suficientemente explícito, su comentario sobre “la cosa de locos” que representa “el estar pensando en cambiar un presidente” a cinco meses de las elecciones despeja cualquier duda sobre el hecho de que estaba refiriéndose a la moción vacancia.
El presidente del Consejo de Ministros cruzó, pues, conceptualmente la delgada línea verde que les impide a las FF.AA. convertirse en un actor político entre nosotros; y recordando su propio origen castrense, lo hizo a paso de ganso.
Ahora, por lo tanto, tendrá que apechugar con las consecuencias. Aunque, a decir verdad, un Congreso presidido por alguien que hace poco cruzó esa misma línea telefónicamente sin recibir de sus pares sanción alguna, no parece la asamblea más adecuada para ponerse a lanzar piedras con relación al tema.
–Hablemos de fútbol–
Que Martos ignoraba el significado preciso de la expresión “las FF.AA. no son deliberantes” (que con seguridad escuchó frecuentemente a lo largo de su carrera militar) está bastante claro. El hecho de que esa ignorancia se viese expuesta en señal abierta, no obstante, solo obedece al absurdo afán de los ministros del que hablábamos al principio de esta columna. Es decir, a la urgencia que parecen sentir ellos por apañar al presidente Vizcarra, señalado de un tiempo a esta parte por un auténtico coro de aspirantes a colaboradores eficaces como el presunto protagonista de varios episodios cutreros que datarían de cuando era gobernador regional de Moquegua.
Las versiones de los declarantes, como se recuerda, son pasmosamente minuciosas y concurrentes; y si bien habrá que esperar a que las eventuales pruebas aparezcan para que todo esto adquiera ribetes judiciales, el asunto pinta muy mal para quien se vendió ante la opinión pública como un cruzado de la anticorrupción. De ahí que lo hayamos escuchado recientemente cargar contra el árbitro del partido Perú–Brasil o darnos impertinentes recomendaciones sobre por quién votar en las próximas elecciones.
Pero una cosa es que el mandatario procure cambiarnos de tema cuando los testimonios inquietantes comienzan a apretarlo y otra, que los miembros del gabinete crean que su función es salir a recitar candorosamente cualquier barbaridad que pueda intimidar a quienes quieran investigarlo o, incluso, considerar –de manera inoportuna pero no inconstitucional– la posibilidad de vacarlo.
Aunque le resulte difícil creerlo, usted, señor Martos, es portavoz del gobierno, no del presidente. Puede consultarlo en la Constitución: un texto que, por lo que parece, podría depararle muchas sorpresas.