George Rafael dice que las autoridades universitarias lo castigan por ser dirigente estudiantil. “Mi familia en Ayacucho se privó de mucho para darme educación. No es justo”, agrega. (Foto: Juan Ponce)
George Rafael dice que las autoridades universitarias lo castigan por ser dirigente estudiantil. “Mi familia en Ayacucho se privó de mucho para darme educación. No es justo”, agrega. (Foto: Juan Ponce)
Fernando Alayo Orbegozo

Periodista de la sección Nacional

fernando.alayo@comercio.com.pe

En Ayacucho, donde nació hace 26 años, su familia estaba a la expectativa del examen final de la que –de aprobarlo– lo convertiría en bachiller de Derecho, y luego en abogado. Sin embargo, dice George Rafael, la que debía ser una evaluación sencilla, es hoy una prueba interminable.

Para aprobar el curso Análisis de Jurisprudencia Constitucional Administrativa, el último que le faltaba para graduarse a mediados del año pasado, requería de una nota mínima de 08 en ese examen. Luego de darlo, el profesor modificó la calificación y le colocó un 07. Él asegura (con carta notarial en mano) que su nota inicial era 17, y que esa nueva calificación es “el acto final” de una serie de acciones en su contra “por haberse atrevido a ser dirigente estudiantil y cuestionar a las autoridades universitarias”.

Acciones que –sostiene– empezaron en el 2015, por lo que a la fecha no puede culminar su carrera.

El caso judicial

George llegó a Lima en el 2010 y comenzó sus estudios en la Facultad de Derecho de la USMP en julio de ese año. Después, se afilió al movimiento Concertación Estudiantil, uno de los grupos de representación del alumnado. Así, en el 2014, dice que empezó a criticar la gestión del decano Ernesto Álvarez por varios cambios ejecutados que creía injustos: no renovación de contratos a docentes calificados, disminución de plazas para medias becas, etc.

En junio del 2015, el movimiento organizó un seminario gratuito en un auditorio de la universidad. Sin embargo, esta inició un proceso disciplinario contra George y otro dirigente aduciendo que no tenían autorización para realizarlo. Según George Rafael, la casa de estudios los cuestionó también por qué en redes sociales habrían dicho que la facultad canceló el seminario arbitrariamente, lo que “afectaba la imagen institucional”. A través de la Resolución Decanal N°760-2015, firmada por Álvarez, se le sancionó con la separación por dos ciclos (2016-I y 2016-II).

George apeló la decisión, pero esta fue confirmada luego con la Resolución Rectoral N°124-2016, suscrita por el rector José Antonio Chang. Ante ello, el alumno optó por la vía judicial: presentó una acción de amparo que fue admitida por el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, el mismo que en enero del 2016 le otorgó una medida cautelar (que suspendió la Resolución Decanal N° 760 para garantizar su derecho a la educación), con la cual pudo continuar sus estudios.

En julio del 2018, el juzgado falló a favor del dirigente estudiantil en primera instancia, y recomendó a la USMP que “en lo sucesivo se abstenga de incurrir” en eventuales sanciones que “pudieran resultar desproporcionadas”, como la que motivó esta demanda. La universidad apeló la sentencia, y el caso ha sido elevado a la Segunda Sala Constitucional.

El caso en Indecopi

Con la medida cautelar en mano, George siguió su carrera y su labor como dirigente. Así, en noviembre del 2017 interpuso una denuncia contra la USMP ante Indecopi por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, ya que la universidad había tomado medidas que él consideraba discriminatorias, “al limitar los beneficios a los alumnos que no se encuentran al día en sus pagos”. Por ejemplo, que no puedan ver sus notas virtualmente, etc.

“Y llegaron más represalias”, dice. En junio del 2018, a sus 24 años de edad, George cursaba el último ciclo de la carrera y llevaba el curso de Análisis de Jurisprudencia Constitucional Administrativa, a cargo del profesor Pedro Hernández. Para aprobarlo y egresar, requería de un 08 como nota mínima en el examen final.

Sin embargo, cuando fue a recoger su evaluación corregida, le habían puesto un 07 al lado de una nota “borroneada”. Le tomó fotografías al examen, ya que nunca se lo entregaron. Según dice, Hernández explicó que la calificación modificada se debía a que la profesora que tomó el examen en su reemplazo permitió que lo dieran con materiales, lo que estaba prohibido. Así, volvió a calificar en base a 15.

George reclamó a la USMP, pero no tuvo respuesta favorable. Él indica que tuvo que rendir el examen de aplazados del curso para poder graduarse, en el cual lo calificaron con 03. Ante ello, acudió a una notaría para que certificara la nota inicial a través de las fotografías que tomó. De acuerdo con el notario César Bazán, la calificación “borrada” fue de 17.

Con el acta notarial, en abril de este año solicitó a Indecopi que ampliara los cargos de su proceso inicial contra la USMP, y se considerara como presunta infracción la indebida modificación de su nota en el curso de 17 a 07. La entidad lo admitió, y requirió a la universidad que presentara el examen original y sustentara el cambio de nota. La casa de estudios no cumplió.

En mayo pasado, Indecopi concedió a George una medida cautelar, que obligó a la USMP a consignar en su registro la calificación de 17 (con la cual aprobaba y se graduaba). Pero la universidad no promedió la nueva nota, ya que –según el abogado de la USMP, Víctor Bolaños– “no se nos ordena eso”.

El pasado 17 de setiembre, la entidad falló en primera instancia a favor del alumno y multó a la USMP con un total de 16 UIT (S/67.200); de dicha sanción, 2 UIT (S/8.400) fueron por haber “variado la nota obtenida” en el curso, de 17 a 07.

No obstante, en octubre último, luego de que la USMP apelara la medida cautelar, Indecopi la revocó y declaró que carecía de competencia para analizar la calificación debido a la autonomía universitaria. En tanto, el proceso central aún está pendiente de resolución final.

Bolaños dijo que espera que la segunda instancia de Indecopi falle igual en ese proceso. Agregó: “Si Indecopi nos dice ‘apruébenlo’, iremos hasta las últimas consecuencias porque sería gravísimo. Violaría la autonomía. Los alumnos aprueban por su actividad en las aulas, no porque Indecopi o el juez lo diga. Es un tema de principios”.

También cuestionó que el notario haya determinado que la nota inicial era 17, cuando –dijo– es imposible hacerlo. Consultado por El Comercio sobre cuál era la calificación inicial de George, Bolaños respondió: “No lo recuerdo”.

Este Diario le hizo la misma pregunta al profesor Hernández, pero la respuesta fue igual: no recuerda la nota, aunque “con toda seguridad estaba aprobado”. Reiteró que hubo un “engaño” por parte de los alumnos al utilizar materiales para dar ese examen, y que el cambio de calificación –que fue para todo el salón– se hizo en base a “lógica pura”.

La consulta también fue trasladada al decano Álvarez, quien contestó lo mismo: no recuerda la nota. Y añadió: “Nosotros no perseguimos alumnos [...]. Se trata de un alumno complicado, porque el resto de compañeros ya ha aprobado ese curso”. De este modo, para la USMP la única vía para que George se gradúe es que se matricule en el curso nuevamente y lo apruebe.

Él dice que no hay garantías para obtener una calificación justa, por lo que llevará su caso hasta un final que hoy parece lejano.

George Rafael llegó a Lima en el 2010 y comenzó sus estudios en la Facultad de Derecho de la USMP. (Foto: Juan Ponce)
George Rafael llegó a Lima en el 2010 y comenzó sus estudios en la Facultad de Derecho de la USMP. (Foto: Juan Ponce)

¿Cambios de notas?

► Decisión inicial: En primera instancia, Indecopi declaró que era competente para analizar la medida cautelar de Rafael, a fin de que la USMP consigne la nota de 17 y pueda graduarse.

► Segunda opinión: En segunda instancia, la entidad revocó la medida cautelar porque “carece de competencia” para analizar una calificación modificada en aras de la autonomía de la USMP.

► Nota modificada: Fuentes de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria () dijeron a El Comercio que como institución no son competentes para determinar si el cambio de una calificación académica es válido o no.

► Idoneidad del servicio: Sin embargo, explicaron que Indecopi sí puede abrir esa posibilidad, en tanto el alumno sustente en su caso que no ha recibido un servicio idóneo. Esto, teniendo en cuenta que se trata de una universidad privada.

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